Arrendamiento por e-mail

Jordi Aranyó tiene un acuerdo con el banco, pero aún no lo ha firmado

Jordi Aranyó, en la sede de la PAH. 

Jordi Aranyó, en la sede de la PAH.  / FERRAN SENDRA

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TERESA PÉREZ / BARCELONA
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Jordi Aranyó, vecino de Blanes, ha tenido dos sustos con los desahucios: uno lo abortó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el 2012 y el otro estaba previsto para el 2015, pero finalmente el banco se echó atrás. Al final todo quedó en una falsa alarma. Ahora, tras varios tiras y aflojas, ha logrado arrancarle un compromiso a la entidad financiera: un alquiler social por un importe de 42 euros al mes, el 10% del dinero que entra en su hogar, aunque hay un pero. El banco le ha enviado el acuerdo por correo electrónico, pero hasta el momento no ha firmado nada ni tiene fecha para hacerlo y ya han pasado dos semanas. El reciente recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional le supone una amenaza a Aranyó, ya que uno de los artículos suspendidos es precisamente el que elimina la obligación de los bancos y cajas de otorgar un arrendamiento social a familias en riesgo de exclusión. "Pienso pelear hasta el final por conseguirlo", puntualiza Aranyó.

Lleva cuatro años luchando y recibiendo la visita de todo tipo de entidades financieras y gestorías para presionarle y que abandone la casa que ocupa, la que no pudo pagar. Le ofrecen dinero para que desaloje voluntariamente el piso. La cantidad, sin embargo, es ridícula. Oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros. "¿Qué hago yo con ese dinero si me quedo sin un techo para vivir?, se pregunta. "Es un dinero tan escaso que ni siquiera me duraría un mes", concluye.