Alquiler social in extremis

Txell Teruel ha sido una de las últimas beneficiarias de la ley antidesahucios catalana

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TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Txell Teruel no se imaginaba que en pleno mes de abril le iba a tocar el gordo de la lotería de Navidad. Ella ha sido una de las personas protegidas por la ley catalana 24/2015, la misma que ha decidido suspender en parte el Gobierno en funciones del Partido Popular. Hace nueve días logró un ansiado alquiler social. Se ha salvado in extremis. "Firmé con el banco exactamente el pasado 21 abril y poco después tumbaban la ley", dice con un punto de entusiasmo. Y es que justo el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el apartado que obliga a los grandes propietarios inmobiliarios y a la banca a realojar a los desahuciados u ofrecerles un alquiler social.

La joven no solo ha conseguido con esta norma que el banco le haya condonado una deuda de 21.000 euros; además, le ha concedido un alquiler social por el que pagará 100 euros mensuales, el 10% de sus ingresos. El contrato es por tres años y prorrogable. Txell llevaba tres años y medio, desde que subastaron su casa, peleando con una entidad bancaria para que le condonara la deuda. "No querían de ninguna manera, pretendían que firmara un crédito para pagar. No querían perdonarme nada y eso que ya se habían quedado con el piso, un garaje y 40.000 euros que había amortizado ya del crédito hipotecario". El piso que había comprado en Tortosa (Baix Ebre) le había costado 160.000 euros. Lo iba pagando hasta que el negocio que tenía se hundió y se tuvo que conformar con vivir con la pensión de una abuela.