Catalunya no separará a los alumnos de cuarto de ESO según sus notas

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MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / MADRID

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Todos los estudiantes de cuarto de ESO catalanes seguirán compartiendo las mismas aulas el próximo curso 2016-2017, tanto si tienen pensado estudiar bachillerato el año siguiente como si prefieren optar por la formación profesional. Pese a que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) prevé que en ese curso, el último de la enseñanza obligatoria, los alumnos sean separados por niveles según sus calificaciones o sus aspiraciones formativas, la Conselleria d’Ensenyament ha decidido que el año que viene en Catalunya todo seguirá igual que hasta ahora. Tampoco se aplicará, de momento, la complicada fórmula de doble titulación ideada por el equipo de la anterior ‘consellera’ Irene Rigau para eludir la segregación de alumnos de la LOMCE.

Ensenyament lo justifica en el hecho de que, al no ser la reválida de final de la ESO del próximo 2017 un examen con efectos académicos (es decir, que si finalmente se hace, solo tendrá carácter de prueba piloto), no vale la pena dividir a los estudiantes en dos grupos: los del itinerario de enseñanzas académicas (diseñado para los que aspiran a ir a la universidad) y los del de enseñanzas aplicadas (para quienes se dirijan hacia la FP). Si hay reválida en junio del año que viene, todos los alumnos catalanes realizarán la misma prueba, sin distinciones, porque el resultado, en definitiva, no afectará a la obtención del título de ESO.

Con la segregación o separación de alumnos en cuarto de ESO, el Ministerio de Educación trató de atender las demandas de algunos sectores -sobre todo de colectivos de docentes-, que habían llegado a pedir que la secundaria obligatoria se redujera a tres años, en lugar de los cuatro actuales. “Amparándose en el discurso de que los individuos son diversos, en los supuestos no demostrados de que a la edad de 15 años los intereses se diversifican y el adolescente ya puede elegir el camino a seguir, se quiso justificar la necesidad de separar al alumnado en itinerarios”, explica el profesor de la Universitat de Barcelona, Francesc Imbernon, miembro del Foro de Sevilla, un organismo formado por pedagogos de toda España, que pide desde hace años una revisión a fondo del sistema educativo a través de un pacto de Estado de amplio consenso.

CLASES DE LISTOS Y CLASES DE VAGOS

La medida adoptada por la LOMCE, que supone crear clases a las que asistirían estudiantes con buen expediente y otras clases para alumnos con rendimientos más bajos, ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad educativa, que considera que esta solución atenta contra el modelo de escuela inclusiva y resta oportunidades a los alumnos con peores resultados, al etiquetarlos con solo 15 años.

“La mayoría de países que mantienen a los alumnos juntos hasta los 16 años obtienen mejores resultados que los que separan a los estudiantes a edades tempranas”, alega Imbernon, que, con todo, precisa que “establecer itinerarios no es en sí algo negativo, ya que la variedad de oferta es positiva”. “Pero cara”, agrega.

Lo que le inquieta, indica el catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la UB, es que "la segregación de los alumnos con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía, la de que si han de fracasar, fracasan", lamenta. Además, denuncia Imbernon, bajo la creación de dos vías “por las que se encauza a los alumnos dentro de la etapa obligatoria, subyace la idea de dividir a los estudiantes para desempeñar trabajos de desigual nivel y de desigual estatus social".

EL FRENTE AUTONÓMICO TOMA LA INICIATIVA

La verdadera oposición a la LOMCE la están liderando, casi desde el principio y a pesar de los nuevos consensos parlamentarios, en las comunidades autónomas, que son las que, al tener las competencias educativas transferidas, han de desplegar la ley. Así, por ejemplo, ocho autonomías (Navarra y las gobernadas por el PSOE) han anunciado ya que no harán este mayo la nueva prueba externa de sexto de primaria, pese a que así lo prevé la reforma del exministro Wert. Catalunya, donde las familias están llamando a boicotear la prueba, mantendrá el mismo test de competencias básicas que ha venido realizando los últimos ocho años. Eso, mientras se espera una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso presentado por la Generalitat contra el decreto que regula esa prueba de final de primaria.

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