El Síndic denuncia una cadena de errores en el caso del pederasta confeso

"El problema es que el protocolo del 2006 ha fallado estrepitosamente porque no llegó a activarse"

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, con la ’consellera’ de Ensenyament, Meritxell Ruiz, a la derecha de la imagen.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, con la ’consellera’ de Ensenyament, Meritxell Ruiz, a la derecha de la imagen. / JOAN CORTADELLAS

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MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

No hubo coordinación, falló la comunicación, se ocultó información relevante, no se investigó a fondo. La retahíla de errores, de dejación de funciones e incluso de omisiones malintencionadas que cometieron en el 2011 distintas 'conselleries' de la Generalitat, la administración de Justicia y la dirección del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts, permitieron que el principio superior de protección del menor, "un principio universal que debe imperar sobre cualquier otro", se viera vulnerado, después de que se denunciara el primer caso de abusos sexuales por parte del profesor de gimnasia Joaquim Benítez. "El problema es que el protocolo antiabusos del 2006 ha fallado estrepitosamente y ha fallado porque no llegó a activarse"", ha denunciado el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que ha sido especialmente duro con las 'consellerias' de Ensenyament y de Treball, Afers Socials i Famílies (la antigua Benestar Social).

Ribó se ha reunido este martes con todas las administraciones firmantes del protocolo marco (las ya citadas Ensenyament y Afers Socials, además de Interior, Justícia y Salut por parte de la Generalitat; la presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalía y la delegación del Gobierno central) para analizar dónde se ha fallado. La conclusión, ha explicado luego el Síndic, es que "lo que se hizo fue claramente insuficiente".

De entrada, ha subrayado Ribó, el colegio ni informó a la dirección general de atención a la infancia y la adolescencia (DGAIA), como hubiera tenido que hacer según el protocolo, ni tampoco mencionó, en la demanda presentada ante la Fiscalía de Menores, que Benítez había confesado a la dirección del centro haber sido el autor de los abusos denunciados por el padre de un alumno menor de edad.

"El centro no llevó a cabo ninguna actuación para conocer si había otros estudiantes que pudieran estar afectados", ha lamentado Ribó. Ni comunicó a las familias las verdaderas razones de la marcha del profesor, "ni tampoco se lo dijo a los alumnos, que podrían haber sido otras víctimas". O, en todo caso, que podrían haber intervenido ante compañeros víctimas de Benítez.

PROTOCOLO PARA TODOS LOS COLEGIOS

A Ensenyament, el Síndic le reprocha no haber "asumido el deber de hacer cumplir el protocolo en todos los centros educativos de Catalunya". "Tendría que haber asegurado la difusión y el cumplimiento de este documento en todos los colegios, fuera cual fuera su titularidad", ha subrayado un Ribó visiblemente enojado. También ha habido dejadez del departamento que ahora dirige Meritxell Ruiz (la única 'consellera' que ha asistido a la convocatoria) a la hora de formar a los maestros y darles claves que sepan detectar si un alumno ha sido víctima de abusos. "Sería recomendable que, por ejemplo, en cada escuela hubiera un profesional de referencia con formación específica en malos tratos", propone Ribó en el capítulo de enmiendas a incorporar en el protocolo.

Aunque la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies no recibió alerta alguna, porque la escuela no notificó el caso a la DGAIA, sí le correspondía coordinar a los distintos agentes participantes en el protocolo. "Tampoco creó el servicio de atención especializada a menores víctimas de abusos sexuales que está previsto desde el 2010 dentro de la ley de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia", ha lamentado el Síndic.

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Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía del TSJC también se han llevado su reprimenda. Los primeros porque tendrían que haber comunicado la denuncia de los Maristas a la DGAIA y la segunda por el rápido carpetazo que dio al asunto, "sin determinar si había más afectados". Fuentes de la fiscalía han explicado que al ser el denunciado una persona identificada y adulta, el caso se remitió directamente a los juzgados. 

Ribó ha emplazado a los firmantes del acuerdo del 2006, a volver a reunirse el próximo 17 de marzo para conocer su respuesta a las recomendaciones "y avanzar en medidas que sirvan para evitar nuevos errores como estos", ha avanzado. Entre estas recomendaciones el ombudsman catalán sugiere que se realice una auditoría a los Maristas.