Defensor Paciente pide que sanidad pública atienda a estafados de Funnydent

 La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta a los presidentes de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de Cataluña, Carles Puigdemont, para pedirles que la sanidad pública se haga cargo de los afectados por el cierre de las clínicas Funnydent.

El responsable de Funnydent, Cristóbal López Vivar, ha ingresado hoy en prisión por orden de la juez de Instrucción número 5 de Navalcarnero (Madrid) por su supuesta participación en un presunto delito de estafa. En su carta, la asociación del Defensor del Paciente explica que "el cierre de Funnydent sin previo aviso ha abandonando a los pacientes que estaban en tratamiento, dejándoles sin él y sin el dinero que habían pagado, pacientes con pocos recursos, muchos de ellos pendientes de pago de los créditos que han tenido que solicitar para el arreglo de su boca".

"Como ustedes saben, la boca es fundamental para un buen estado de salud, no solo físico si no también psicológico" por lo que pide a los dos presidentes autonómicos que "la sanidad publica se ocupe del tratamiento de estas personas, es decir de las que menos recursos tengan y que se han quedado a medio tratamiento". "Entendemos que la salud bucodental debería estar cubierta por la sanidad pública y decimos la salud, y no tratamientos estéticos, para personas sin recursos, ancianos con poca pensión, enfermos, discapacitados, niños etc siempre hablando de poco poder de adquisición".

El dueño de Funnydent fue detenido el viernes pasado, 29 de enero, en Navalcarnero por una supuesta estafa tras el cierre de sus nueve clínicas dentales en España, de ellas siete en la Comunidad Madrid, en concreto en Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y las otras dos en las localidades barcelonesas de Sabadell y Mataró. En su resolución la juez relata que existen indicios para imputar a Cristóbal López Vivar un delito de estafa recogido en el Código Penal con una pena de seis años de prisión.

El auto destaca que, el pasado 28 de enero, López Vivar procedió a cerrar todas las clínicas sin previo aviso ni a los trabajadores ni a los pacientes. Según la resolución judicial esto ha supuesto la imposibilidad a cientos de pacientes de culminar su tratamiento, ya abonado en metálico o a través de financiación. "Si bien en este momento solo se tiene conocimiento cierto de las denuncias recogidas ante la Policía Nacional de Móstoles, solo estas alcanzan a 167 afectados cuya cuantía económica alcanza los 726.566 euros", detalla la jueza.