El ginecólogo Morín vuelve a sentarse en el banquillo acusado de practicar 89 abortos ilegales

El ginecólogo Carlos Morín y otras 10 personas más se sentarán de otra vez este viernes en el banquillo de los acusados como presuntos autores de decenas de abortos ilegales en clínicas barcelonesas. En noviembre del 2013, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia de Barcelona que repitiera el juicio Audiencia de Barcelona  juicio que en enero de ese año absolvió al médico, al estimar el recurso del fiscal y la acusación particular y considerar que se habían cometido en la vista dos irregularidades. En concreto, no aceptarse como prueba unas imágenes grabadas con cámara oculta en una de las clínicas del acusado y no leerse las respuestas de este al juez instructor.

Está previsto que el nuevo juicio se prolongue hasta el 10 de marzo. En la primera sesión, se dedicará a las cuestiones previas y el lunes testificarán los policías. Las mujeres que abortaron deberán declarar de nuevo. A los imputados les toca el 29 de febrero. De esta manera, el tribunal que juzgará el caso ha invertido el orden habitual que se sigue en los juicios. Carlos Morín se volverá a enfrentar a una petición de 272 años de cárcel por 89 abortos presuntamente ilegales, asociación ilícita y falsedad.

El 26 de noviembre del 2007, la Guardia Civil irrumpió, por orden judicial, en tres clínicas de Barcelona y detuvo a seis personas acusadas de practicar abortos ilegales. Entre ellas se encontraba el propietario de los centros, el ginecólogo Carlos Morín. Pasó entre rejas dos meses. En febrero del 2013, cinco años y medio después, la Audiencia de Barcelona le absolvía al facultativo, defendido por el abogado Miguel Capuz, a su mujer y a nueves sanitarios de su equipo.

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A PETICIÓN DE LAS PACIENTES

El tribunal consideró que los 89 abortos objetos de acusación estaban amparados por la ley y que las operaciones se realizaron con el consentimiento y a petición expresa de las pacientes o de sus representantes legales si eran menores. Los magistrados dejaron constancia en la sentencia de que las interrupciones del embarazo se hicieron en centros “habilitados y homologados” y por ginecólogos y anestesistas titulados.

La sentencia recogía que en el supuesto recogido en la antigua ley del aborto sobre el peligro para la salud psíquica de la embarazada (la normativa fue sustituida en el 2011 por una ley de plazos), las clínicas de Morín acreditaban esa circunstancia mediante un dictamen de un psiquiatra, «sin que pueda afirmarse, fuera de toda duda razonable», que el informe «sea mendaz, que no haya sido emitido con anterioridad a la intervención quirúrgica, se haya visto alterado o no responda a la realidad de tal situación».

OTRO TRIBUNAL

Respecto a los casos de mujeres que no se entrevistaron con psiquiatras, los jueces opinan que los tests y datos facilitados a la clínica son suficientes para «llevar a cabo un juicio» de valor sobre su estado. El tribunal llega a esta conclusión sin necesidad de acudir al criterio de que «todo embarazo no deseado supone por sí mismo una situación de evidente riesgo para la situación psíquica de la embarazada».

Ahora, volverá a celebrarse el juicio, pero con otro tribunal. Y, a pesar de que algún abogado lo ha solicitado, las mujeres que se sometieron al aborto (en algún caso la familia no lo sabía) deberán declarar de nuevo. Se repite la historia.