De la RMI al salario de 1.000 euros

La parte social del plan de choque presenta luces y sombras, y aunque sin duda supondrá mejoras en algunos campos, no tiene nada de punto de inflexión. Se habla del plan como si fuera a paliar de forma significativa los problemas actuales. 

Pero para que eso sucedira, la inversión, según todos los expertos, tendría que ser mucho mayor.

Examen al plan de choque social

POBREZA ENERGÉTICA

Se habla mucho, se hace poco

La pobreza energética es uno de los problemas sociales que más aparecen en el debate del día a día sin que por ahora se haya hecho mucho para contraterrastarla. En el plan de choque es el primer apartado. La actuación anunciada es, de entrada, el desarrollo de la ley 24/2015, contra la pobreza energética y la emergencia habitacional, aprobada en julio, en el último pleno del Parlament. La ley, impulsada por la PAH entre otros movimientos sociales, aparece recurrentemente en el plan, lo que no deja de sorprender, porque la ley debería desarrollarse en cualquier caso, y no en función de ningún plan. Cierto es que el infierno está lleno de leyes que fueron aprobadas y que acabaron guardadas en un cajón. En Catalunya hay un gran ejemplo: la renta garantizada de ciudadanía, artículo 24.3 del Estatut, nunca desarrollada y hoy detenida en el Parlament.

El plan contra la pobreza energética dentro del plan de choque es, pues, lo previsto en la ley 24/2015, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca entre otras entidades. Aprobar protocolos que regulen la comunicación obligatoria a los servicios sociales de cortes de suministro inminentes así como el reconocimiento de la vulnerabilidad económica de los usuarios. El plan subraya que el decreto de desarrollo de la ley se tramitará por la vía de urgencia.

VIVIENDA Y DESAHUCIOS

A la caza de cesiones de bancos

La ley 24/15 también sustenta el siguiente punto del plan, el de la vivienda, uno de los problemas principales para decenas de miles de familias en los últimos años, en los que tras el boom de la compra de pisos llegó un impago masivo de hipotecas. Esta parte del plan es, lógicamente, la que ya describía la ley: una política de desahucios cero, si bien la norma deja bien claro que en el caso de que el propietario del piso en cuestión no sea un gran tenedor de vivienda, sí habrá desahucio. Pero el plan de choque no lo menciona. En vivienda aparece un segundo apartado en el plan de choque que concreta inversión: 10 millones de euros con el fin de aumentar el parque de vivienda pública, lograr más cesiones de pisos por parte de banco y, entre otros, promover la cesión obligatoria de viviendas vacías ya prevista, sí, en la ley 24/2015.

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

70 millones para una prestación castigada

La prestación que más debate ha ocasionado en los últimos años es la renta mínima de inserción (RMI). En el 2011, cuando llegó a su número máximo de titulares (personas que reciben la prestación), más de 33.000, fue recortada y bloqueada: desapareció el derecho subjetivo que permitía que todo aquel que cumpliera con los requisitos pudiera acceder a la ayuda. Eso suponía mantener una partida presupuestaria abierta, que crecía en función de la demanda. En el 2011 eso cambió y una vez se agotaba la partida no entraba nadie más, aunque lo mereciera. La verdad es que las entidades sociales denunciaron que la prestación había quedado bloqueada durante meses.

El plan de choque prevé recuperar ese derecho subjetivo y ampliar el presupuesto para garantizar la cobertura. Para ello se han presupuestado en el plan 70 millones de euros adicionales. En el 2014 el presupuesto de la RMI subió a 173 millones, tres más que en el 2011, si bien ese año se cerró con 27.000 titulares, 6.000 menos que tres años atrás. La falta de proporción se debe al dinero invertido en planes de ocupación (que han tenido un éxito escaso) y en pagar retrasos y reducir la espera. No ha sido fácil acceder a estas cifras, porque bajo el mando de Felip Puig, la Conselleria d'Empresa i Ocupació, que gestionaba la renta mínima, optó por facilitar datos solo con cuentagotas. En el 2015, según el Govern, se llegó a los 200 millones de inversión.

El plan de choque incluye el compromiso de que las personas que superen el límite de 60 meses recibiendo la prestación seguirán percibiéndola si sus circunstancias personales no han cambiado. Es una medida positiva, aunque responsables autonómicos y entidades afirman que hace tiempo que eso ya se hace.

DEPENDENCIA

Una sangría con difícil remedio

La dependencia es una herida económica por la que la Generalitat sangra sola, porque el Estado prácticamente se ha retirado: hasta tal punto han afectado los recortes estatales, la mayoría hechos bajo la presidencia de Mariano Rajoy, aunque ya el PSOE sacó la tijera. La ley ya difícilmente será lo que debía ser. Con este panorama, cada euro para dependencia es bueno, aunque es difícil saber cuánto se necesitaría para un cambio palpable. El plan de choque prevé 50 millones de euros para este apartado, con los que se persigue incrementar las plazas de residencia financiadas con recursos públicos, los servicios de atención domiciliaria y el número de las prestaciones económicas vinculadas (PEV), que sirven de apoyo económico para afrontar el coste de una residencia.

PLAN DE BARRIOS

Rescate de un plan del tripartito

El plan de choque recupera el plan de barrios que acuñó el tripartito. Prevé destinar 10 millones de euros a acciones comunitarias en barrios en riesgo de exclusión. Para dimensionar la inversión: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado 150 millones para 15 barrios desfavorecidos.

SALARIO MÍNIMO DE 1.000 EUROS

Una medida rayana en la utopía

Algunas medidas del plan de choque son anuncios de difícil materialización. Entre ellos quizá el más llamativo es el que fija el objetivo de alcanzar un salario mínimo catalán “de acuerdo con los estándares que define la Carta Social Europea”, equivalente al 60% del salario medio. El salario mínimo catalán sería, si llega a ser, de 1.000 euros mensuales. Es algo que, con toda probabilidad, quedará pendiente para un nuevo Estado.