MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO

Detenidos dos jefes de los bomberos por aceptar sobornos para inflar el alquiler de aviones antiincendios

La Policía Nacional también ha arrestado a un excargo de la Conselleria d'Interior y a dos empresarios

La operación investiga una trama de corrupción en torno a la compañía Avialsa en toda España

Operacion anticorrupcion en Sant Boi, por un caso de contratación aérea para la protección de incendios en el parque de bomberos.  / RICARD CUGAT

Operacion anticorrupcion en Sant Boi, por un caso de contratación aérea para la protección de incendios en el parque de bomberos. 
Operación anticorrupción en la sede de Bombers de Sant Boi. 

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Dos altos mandos de los bomberos de la Generalitat, dos empresarios de compañías de medios aéreos y un exalto cargo de la Conselleria d’Interior han sido arrestados este miércoles por su presunta participación en una trama de contratación fraudulenta de aviones para la extinción de incendios. Según fuentes cercanas a la investigación, habrían inflado el precio del alquiler de aeronaves por parte de la Administración a cambio de sobornos.

Los bomberos son el inspector Manel Bosch, jefe de sala de Bellaterra, y el subinspector Ramon Dinarés, jefe de guardia de la Región de Emergencias Metropolitana Sur. Los dos han sido responsables de los medios aéreos del cuerpo de emergencias. El antiguo cargo de la 'conselleria' es Xavier Palmés, exdirector de contrataciones y patrimonio de Interior. 

REGISTROS EN DESPACHOS

Todas las detenciones se han producido a primera hora de la mañana y las han llevado a cabo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los policías han llegado directamente desde Madrid y, vestidos de paisano, han registrado los despachos de los dos arrestados, ubicados en la sede central de los bomberos, dentro del recinto del parque de Bellaterra, y en la sede de la Región de Emergencias Metropolitana Sur, dentro del de Sant Boi de Llobregat.

Han escarbado en el archivo de ambas sedes, en compañía de Bosch y Dinarés, durante horas. Hacia las tres de la tarde se han retirado y los dos bomberos han sido trasladados, esposados, a la comisaría de La Verneda, donde han prestado declaración.

Esta operación policial ha sido la ramificación catalana de un dispositivo de alcance estatal, coordinado por la Udef desde la capital española, que ha simultaneado inspecciones en administraciones de cinco comunidades autónomas, además de Catalunya: Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura.

En total, se han llevado a cabo 30 registros en distintas oficinas de bomberos, empresas y viviendas de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Córdoba, Badajoz y Mallorca. Se han practicado 21 detenciones, cinco de ellas en Catalunya. 

CONTRATOS DE MEDIOS AÉREOS

El juzgado de instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) supervisa una causa, bajo secreto de sumario, que investiga una trama criminal que habría sobornado a funcionarios para amañar los contratos de los aviones y helicópteros de los bomberos firmados con la empresa Avialsa SA, de Valencia. 

Según un informe reciente elaborado por los sindicatos de los bomberos de Catalunya, la Generalitat paga 1.300.000 euros a esta empresa a cambio de disponer de dos aeronaves durante los tres meses que dura la campaña forestal. Es decir, 650.000 euros por cada una de estos aviones, dotados con un depósito de agua con capacidad para realizar descargas en fuegos forestales de difícil acceso. 

Los sindicalistas llevan años denunciando que estos contratos “se hacen al gusto de las empresas” y no anteponen “las necesidades del cuerpo”. Se contratan por un cómputo cerrado de horas, 300 en el caso de las avionetas. Pero siempre acaban volando "muchas horas menos", detalla uno de ellos a este diario.

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Si se ponen en relación las horas de vuelo reales realizadas por las aeronaves al final de cada campaña con el total de horas pagado, "a todas luces el contrato es un chollo para la empresa", concluye un empresario del sector tras analizar los números del informe.  

A finales de mayo del 2015, la Policía Nacional detuvo al 'exconseller' de Gobernación y Justicia de la Comunidad Valenciana Serafín Castellano cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno. Fue una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. La jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa.

Este fue el primer golpe de esta investigación policial que indaga en una trama de presuntos favores a esta empresa de aeronaves, con cuyo presidente coincidió en cacerías Castellano, y a la que la Generalitat valenciana adjudicó contratos para la extinción de incendios.