Catalunya suspende en la atención a la dependencia por la asfixia financiera

La financiación de la dependencia es un buen ejemplo de como el Gobierno traspasa gastos que le corresponden a las autonomías obligándoles a incurrir en costos que luego repercuten en un endeudamiento inasumible. El dictamen del Observatorio de la Dependencia dado a conocer este lunes pone el dedo en esa llaga cuando recuerda que la ley establece que la Administración central se hará cargo del 50% de la financiación de la dependencia pero en realidad solo aporta el 18%. Los usuarios contribuyen con otro 18% y el resto corre a cargo de las comunidades autónomas.

La situación empeorará aún más, según el informe, “con el brutal recorte que el Gobierno reconoce sin ambages” en la actualización del Programa de Estabilidad 2015‐2018. En el 2015, la entrada de los dependientes moderados al sistema, supone una necesidad de financiación pública (sin copago) de más de 3.100 millones de euros para atender a los 400.000 nuevos dependientes. El Estado aportará para atenderles no más de 370 millones de euros (el 12% del total necesario), debiendo proporcionar las autonomías el resto. “La incapacidad y asfixia económica en la que éstas se ven por la insolidaridad financiera de la Administración General del Estado, está llevando a un sistema de atenciones low cost que apenas puede ofertar algo más que una teleasistencia", advierte el documento.

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RECORTES A MEDIDA

Cada autonomía ha tomado sus propias decisiones sobre cuanto y como recortar en función de su liquidez y de su sensibilidad social. El resultado es que “las diferencias entre territorios en aspectos tan básicos como la valoración, el plazo de acceso a los servicios o los diferentes copagos, son escatológicas”. “Hay dependientes de primera, segunda o tercera, en función de la  comunidad en la que se resida”, denuncia el informe.

En el baremo autonómico  que anualmente lleva a cabo el Observatorio, Catalunya ha pasado de ostentar un aprobado raspado (5,4) en el 2013 a un suspenso justito (4,6) en el 2014 y el 2015. La comunidad catalana queda muy por detrás de Castilla y León (9,7), País Vasco (7,9) y Andalucía (6,7), pero por encima Baleares, Murcia y Canarias (3,8) y muy por delante de Madrid (3,3) y Valencia (1,3), las dos peores.

"Catalunya presenta una evolución negativa en todos los órdenes en el último año", se decía en el baremo del pasado julio, concretando que "hay menos personas con derecho y se atiende a menos personas, mientras que la lista de espera no baja del 10%". También destaca "un incremento importante de los servicios frente a las prestaciones económicas". La lista de espera pasó, además, al 40% al aumentar en 70.000 personas por la entrada de los dependientes moderados el pasado 1 de julio.

PROGRAMA ELECTORAL DEL PP

En el programa electoral que ha hecho público este lunes el PP,  aboga un pacto de Estado por los servicios sociales que incluya un proceso de evaluación del sistema de financiación de la dependencia, "con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible en todas las comunidades autónomas en esta materia". Dicha evaluación se hará de forma "sosegada", para "diseñar, mejorar y adaptar la mejor respuesta para todos". Ni una línea más, ni un compromiso presupuestario.

Al Gobierno le sale muy rentable a nivel de imagen la asfixia financiera causada por repartos tan poco equitativos como el de la financiación de la dependencia. Baste recordar como aparece como ángel de la guarda de las finanzas autonómicas con el salvífico FLA que ahora, además, utiliza como arma política contra el soberanismo.