El Síndic pide 200.000 viviendas públicas para situaciones de emergencia social

El Síndic de Greuges ha estimado este lunes en 200.000 las viviendas públicas necesarias para gente sin casa y en situación de "emergencia social" en Catalunya, y ha pedido un registro integrado en todo el territorio del parque público de viviendas.

Este único inventario, conjunto de todas las administraciones y permanentemente actualizado, no existe a día de hoy, y serviría para poner en relación los pisos habitables con el registro de solicitantes, que se creó en el 2007.

El Síndic, Rafael Ribó, en una rueda de prensa para presentar el "Informe extraordinario sobre el acceso a la vivienda social", ha instado a la administración a que "actúe con celeridad para establecer un protocolo inmediato y transversal que garantice el realojamiento de personas con riesgo de exclusión residencial".

Ribó ha destacado que "estas situaciones de riesgo de exclusión deben tener en cuenta el interés superior de la infancia" de modo que el acceso a una vivienda "tiene que ser prioritario cuando se vean afectados niños o adolescentes".

Para cumplir estos objetivos el informe propone una nueva gestión del parque público de viviendas y un incremento de los recursos destinados al alquiler social, así como una mejora de la adjudicación de pisos de protección oficial, y pide que se revise la definición de las situaciones de emergencia social y económica.

Ribó ha reclamado "un compromiso entre las administraciones para coordinarse entre ellas y gestionar los parques públicos", por ejemplo, con "cesiones de viviendas sociales entre municipios cuando sea necesario y haya disponibilidad", algo que ahora no es posible.

Según el Síndic, este proceso se podría dar y se agilizaría con las mejoras propuestas en la adjudicación de viviendas, entre las que habría la de unificar los criterios en toda Catalunya, o la de garantizar el acceso a un piso protegido a las personas con pocos ingresos económicos, "teniendo en cuenta la actual crisis".

Respecto a estos casos Ribó ha denunciado que "no puede haber ninguna lista de espera, o como mucho tiene que ser de un mes", y que actualmente esta puede alargarse a "más de un año".

Ha sugerido un acuerdo por el alquiler social entre la administración y los propietarios privados de pisos desocupados, "para dar respuesta a las necesidades de emergencia actuales", y ha recordado que "la Sareb tiene que destinar a alquiler social al menos el 30 % de las viviendas que ha adquirido a un coste bajo".

Ha remarcado que la ley permite sancionar las viviendas privadas que lleven dos años vacías, ya sean de grandes propietarios inmobiliarios o entidades bancarias, aunque hayan recibido propuestas de subvenciones.

El Síndic ha criticado además la definición de las situaciones de emergencia social y residencial, por ejemplo cuando se contemplan como criterios los ingresos mínimos o el tiempo de residencia y no la infancia.

Ha demandado además que "desde la administración no se solucionen estos casos con pensiones, o trasladando temporalmente a los afectados a albergues".

El informe incluye también iniciativas para prevenir situaciones de exclusión residencial, entre las que Ribó ha subrayado "la creación de un procedimiento extrajudicial para resolver situaciones de sobreendeudamiento".

Según el Síndic, casi todas estas medidas "pueden realizarse sin modificar la legislación", en base a la 'Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda social y la pobreza energética', aprobada por el Parlament en el pasado julio.Parlament