Miedo al espionaje de datos cifrados

Uno de los temores de los ciberactivistas es que para poder regular el tráfico de internet es necesario conocer qué tipo de tráfico circula y eso supone discriminar paquetes que en principio tendrían que ser tratados en igualdad de condiciones. «Eso afecta al cifrado de las comunicaciones, porque si una comunicación va cifrada no se puede saber lo que hay dentro y la tentación de segregarla o apartarla es muy grande», recuerda Thomas Lohninger, que apunta un posible uso político.

«La realidad es que siempre hay que tocar el contenido de los paquetes que corren por las redes. Tanto desde el punto de vista técnico para saber de qué tipo de información se trata cuando se intenta evitar, por ejemplo, ataques cibernéticos, como por cuestiones de congestión de la red. Pero son armas de doble filo», recuerda Ramon Palacio, vocal de la junta del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions y exdirector de Red.es.

«En caso de congestión de la red, ¿quién decide qué pasa primero? Pues los operadores. El Parlamento Europeo les da la razón y permite esta excepción y otras como el cumplimiento de leyes o de una resolución judicial que obliguen a bloquear determinado tráfico», señala.

En Europa hay casos de webs vetadas, como en Francia las relacionadas con el Holocausto. En España también se ha prohibido el acceso a páginas que infringían las leyes de propiedad intelectual, aunque se ha hecho bloqueando la dirección IP.

Sin embargo, lo que nadie discute es el bloqueo de determinado tráfico para preservar la integridad y la seguridad de la red. Es el caso de los ataques de denegación de servicio (DDOS) en el que se programan miles de máquinas para que intenten bloquear a otras lanzando peticiones sin parar. La ley amparará que los proveedores de servicios y operadores pongan medidas para frenar ese tráfico.