Un día más en casa

Lourdes García y Antonio Yubero entraron en el mundo hipotecario cuando el interés estaba a un 18,5%: hoy en día llega como mucho al 2%. En 1990, compraron su piso en la calle Gran de la Sagrera. Tiene 70 metros, dos habitaciones. Les costó 11 millones de pesetas de la época, algo más de 66.000 euros. Allí viven, todavía, con sus tres hijos, un niño de 15 y dos niñas de 13 y 10 años. Pero hace tiempo que el piso no es suyo, pertenece al fondo de un ciudadano bielorruso. García y Yubero, de 48 y 55 años, vivieron ayer el tercer intento de desahucio de su vivienda.

Cuando el coste de las hipotecas se redujo drásticamente y se hicieron así asumibles para centenares de miles de compradores que hasta ese entonces solo contemplaban el alquiler, la pareja optó por adaptarse a los nuevos tiempos y vieron reducida la cuota de unos 600 euros largos a cerca de 400 euros. Pasaron de Caixa Penedès a Caixa Catalunya. Como en tantos casos hipotecarios, todo fue bien hasta que dejó de ir bien. Empezó la crisis y el negocio de informática de segunda mano que tenían se fue al garete, creando un agujero. Ampliaron la hipoteca incluyendo en ella lo que debían. Al final, su deuda total era de 83.000 euros.

"LO HONRADO ES PAGAR"

"A mí me enseñaron que lo honrado era pagar. Llevo un año sin dormir", explica Yubero, que relata que años atrás llegó a ser ejecutivo de multinacional. Sentado en el comedor de su casa, todavía no sabía si le iban a echar ayer cuando pronunció esta frase. Medio piso estaba llenó de paquetes, por si tocaba irse. Lo más duro fue hablarlo con los niños. La pequeña no fue al cole: le dolía la barriga.

Decepcionado por cómo va el mundo, Yubero explica con pasión cómo iba el negocio de la informática de segunda mano, que antes de la crisis también sufrió por la bonanza: «Todo el mundo compraba material nuevo, no lo querían de segunda mano». Ahora la familia ingresa unos mil euros por retazos de venta de productos informáticos.

Aunque pronto corrió el rumor de que el desahucio sería aplazado, la pareja tenía que estar segura. Ella bajó a cerciorarse. Él prefirió quedarse arriba: "Estoy de los nervios".

García recibió el papel: desahucio aplazado. ¿Por qué? Por dos motivos: por que el nuevo propietario, no atesoraba toda la documentación necesaria y por la presencia de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, unas decenas, ante el domicilio. El nuevo propietario del piso lo es desde hace tiempo: la subasta se produjo en febrero. Pagó 90.000 euros para quedarse el piso. A todas luces, una ganga. La fecha es muy relevante, como se verá.

La PAH considera que si se hubiera consumado el desahucio eso hubiera vulnerado la nueva ley de la vivienda y contra la pobreza energética, que obliga a los grandes tenedores de vivienda a proporcionar un alojamiento alternativo a una familia para poder desahuciarla. El propietario no lo ha hecho. La PAH considera que es en el momento del desahucio cuando la nueva propiedad asume el piso, lo que implicaría que la ley sí afecta al caso. Pero al producirse la subasta en febrero, el asunto parece claro. La ley no es retroactiva.

La PAH confiaba ayer en que se imponga otra lectura, pero en el Ayuntamiento de Barcelona no lo ven tan claro. Así lo explicó a este diario la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, que afirma que en este caso la fecha impide apelar a la norma que nació de la ILP de la vivienda y contra la pobreza energética. De esta forma, el consistorio tendrá que ocuparse de realojar a la familia.

El dueño, por su parte, sostiene que de hecho la vivienda está destinada para una familia ucraniana que la necesita. El consistorio tardó mucho en encontrar al actual propietario, que es quien insta el desahucio. Al final, un representante municipal lo halló, pero fue infructuoso. Se niega a renunciar al desahucio. Y la ley parece asistirle.

"ME ENGAÑÓ"

La pareja no se cruzará de brazos. Quizá acaben perdiendo el piso, pero amenazan con denunciar a Caixa Catalunya por que consideran que les ha perjudicado. Según cuentan ambos, firmaron todos los documentos para acogerse al código de buenas prácticas, lo que en teoría les permitiría ganar tiempo para devolver la deuda. Pero aseguran que el empleado del banco no entregó la documentación, y no les avisó de ello. «Me engañó», dice García dolida.