El colectivo gay denuncia que no se aplica la ley antihomofobia por "falta de voluntad política"

El colectivo homosexual hace un balance netamente negativo de la aplicación sobre el terreno de la ley contra la homofobia, que este domingo celebrará el primer aniversario de su entrada en vigor. Una consecuencia de la "casi nula implementación" de la norma, en palabras de Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), que achaca la situación a la "nula voluntad política" mostrada por el Govern de CiU para explotar el potencial de una ley "tan pionera" como esta.

Una inoperancia que se aprecia en aspectos como "el incumplimiento de los plazos previstos" en la propia norma, según ha detallado el presidente del Casal Lambda, Emilio Ruiz, con la no promoción de un convenio entre las autoridades, la fiscalía y las entidades LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), prevista a los seis meses de que se promulgara la ley. O en la ausencia de las disposiciones necesarias para  la aplicación efectiva del contenido legal y que debía producirse antes de octubre. Tampoco se aprobó la ley genérica contra la discriminación, que debía ver la luz antes de junio del 2015.

Rodríguez ha denunciado la falta de implicación y asunción de responsabilidades de la Generalitat al recordar que el servicio de atención integral a las víctimas de homofobia no es accesible para el público en general y se ha limitado a la entrega de un listado de estos profesionales a las entidades que representan al colectivo. "No está presente en la web de la Generalitat, en el Departament de Benestar i Família... No hay forma de que una víctima pueda saber con quién ponerse en contacto", ha dicho Rodríguez.

El dirigente del OCH ha destacado que de las más de 80 denuncias recibidas por casos de agresión o discriminación "la gran mayoría" se siguen canalizando a través del observatorio ante la inoperancia de las autoridades y la falta de conocimiento que hay sobre la norma. "Cuando las víctimas contactan con nosotros y les informamos de las posbilidades recogidas por la ley alucinan porque casi nadie conoce la ley", ha destacado.

Reproducción asistida limitada

Rodríguez ha detallado que los datos provisionales desde la entrada en vigor de la norma revelan que un 60% de las denuncias que reciben son de personas gais, un 18,6% de tipo genérico, un 12% en el caso de lesbianas y un 8,75% en casos de transexuales. Más de la mitad de las denuncias se registran en la ciudad de Barcelona, seguida por Girona y el Vallès Oriental y Occidental.

Elena Longares, miembro de Gais Positius ha destacado como otro de los grandes déficits que se encuentra el colectivo con la no aplicación efectiva de la norma la imposiblidad de que una mujer en solitario o una pareja de lesbianas pueda acceder a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública como consecuencia del "protocolo en vigor que limita la aplicación del método exclusivamente a heterosexuales". 

Quim Roqueta, presidente de Gais Positius, ha extendido a todo el ámbito de la salud la necesidad de aplicar unos protocolos específicos, "tal como recoge la norma", para el colectivo homosexual