La escuela inclusiva flojea en secundaria por falta de regulación

«No sé si él ya ve que es diferente, pero me gusta que conviva con niños que no tienen síndrome de Down como él, y también con otros que sí lo tengan... Creo que le ayuda mucho, pero también él enseña cosas a los demás». Habla Cinta Carbó, cuyo hijo Josep, de 7 años, empezó el pasado lunes segundo de primaria. El niño ha tenido, desde que empezó en la escuela, el apoyo de una monitora, que le ha acompañado siempre, de mayor a menor dedicación conforme pasan los años. Carbó se muestra tranquila ante lo que pueda ocurrir cuando Josep llegue a la secundaria, pese a que eso ahora está significando, en muchos casos, la expulsión de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) del sistema ordinario y la derivación de estos adolescentes a centros de educación especial. «Confío en que mejorarán las cosas, ya que cada vez hay más concienciación, y espero que para cuando mi hijo llegue a esa edad, ya habrán pasado la crisis y los recortes», defiende.

Valga el optimismo de esta madre de Tortosa para contrarrestar la desconfianza que, pese a todo, tienen otros progenitores, normalmente padres de chicos mayores que Josep. «La escuela inclusiva, la que integra a niños con necesidades especiales en centros convencionales, funciona razonablemente en primaria, pero en cuanto el menor llega a secundaria, pasa a depender de la voluntad de los profesores», denuncia Noemí Santiveri, portavoz de la Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva. La diferencia que hay entre una etapa y la otra posiblemente se corregiría «con un decreto que regulara la atención educativa de estos chicos», clama Santiveri.

Este decreto, que el Parlament ordenó a la Conselleria d'Ensenyament tener listo para el 2014, está aún en fase de trámite, según reconoció la 'consellera' Irene Rigau a principios de septiembre, durante el acto de presentación del curso 2015-2016. «Difícilmente entrará en vigor este curso, porque, según sabemos, aún no ha llegado al Consell Escolar de Catalunya», indica la portavoz de la plataforma de la escuela inclusiva.

Y mientras persiste la sensación de haber entrado en un punto muerto, siguen los problemas. «No se avanza lo suficiente, no existen consignas claras para los inspectores y para los equipos de asesoramiento psicopedagógico (EAP), falta formación del profesorado», dice Víctor Saura, padre de un niño con síndrome de Down, que acude a clase en un instituto ordinario de Barcelona. «También es cierto -matiza- que cuando se ha planteado a la Administración un caso concreto, habitualmente se ha atendido». Eso, pese a la «farragosa burocracia educativa que tiene que superar cada solicitud».

MÁS PROFESIONALES

Una de las novedades con que empieza este curso en Catalunya beneficia, justamente, a la escuela inclusiva, a la que se incorporan 360 profesionales (técnicos de educación infantil, educadores y técnicos de integración social) de refuerzo. Con todo, los sindicatos están criticando la temporalidad del trabajo que harán estas personas, que solo tienen contrato hasta el 1 de julio, y la fundación Aspasim, una de las entidades que presta servicios en estas escuelas, critica la falta de información que ha habido en esta decisión. «Es imposible saber cuántos menores con necesidades educativas son escolarizados en escuelas ordinarias, porque la Generalitat no facilita los datos», critica Carbonell. Algunas estimaciones hablan de 18.000 escolares.

Aunque el contenido del decreto que prepara Ensenyament («del que ha habido, por lo que sabemos, al menos 23 versiones», dice Santiveri) parece satisfacer 'a priori' a los afectados, «no acaba de convencer porque sigue contemplando la existencia de centros de educación especial», critica la portavoz de la plataforma. «Nosotros creemos que estos colegios deberían reconvertirse y sus plantillas y recursos tendrían que incorporarse a la escuela ordinaria», exige.

«Lo ideal sería que el 100 % de los alumnos, independientemente de sus necesidades educativas, estuvieran escolarizados en centros ordinarios. Esto significaría que la diversidad de capacidades sería un tema absolutamente normalizado», admiten desde la Fundació Mercè Pla, que gestiona un centro de educación especial en Tortosa. La entidad, sin embargo, reclama que se «rompa una lanza a favor de los centros de educación especial, por la labor que realizan dentro del sistema educactivo actual a la hora de atender a la diversidad de

del alumnado».