DESCALABRO de UNA CONCESIÓN FERROVIARIA
El túnel del AVE de El Pertús, en concurso de acreedores
El Estado podría verse obligado a rescatar la obra, ligada a Florentino
Por qué confiar en El Periódico El Juzgado de lo Mercantil de Girona ha declarado en concurso de acreedores a TP Ferro, la concesionaria del AVE de El Pertús entre España y Francia. En un auto, el juez ha adoptado la medida tras constatar «la situación de insolvencia» de la empresa vinculada a Florentino Pérez, que había acudido en marzo al preconcurso tras meses de infructuosas negociaciones con los gobiernos español y francés para renegociar la deuda de 400 millones de euros que acumulaba con los bancos por el insuficiente tráfico de trenes. El concurso de acreedores, en el peor de los casos, comportará que España y Francia tengan que asumir la deuda y la gestión de la adjudicataria.
El juez, tras constatar la falta de solvencia de la empresa, ha nombrado al despacho de abogados Arraut y Sala Reixachs como administrador concursal de TP Ferro y le ha otorgado un plazo de dos meses para presentar un informe sobre la situación de la compañía, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Antes de que se acabara el túnel, la empresa, participada al 50% por ACS y la francesa Eiffage, preveía que por la concesión pasarían unos 58 trenes al día, a los que podría cobrar un peaje de 1.350 euros en el caso de los convoyes de viajeros y de 550 euros en el caso de los de mercancías. Posteriormente, los peajes fueron revisados al alza, pero el tráfico ferroviario quedó muy lejos de las expectativas y la empresa fue acumulando pérdidas. Pese al concurso de acreedores, TP Ferro asegura que ha dotado de medios al túnel para que siga operando y canalizando el tráfico de trenes entre España y Francia «con las mismas condiciones de seguridad, fluidez y regularidad».
El túnel transfronterizo del AVE se suma así a la lista de otras grandes infraestructuras que han quebrado o han resultado inviables en los últimos años, incluidos los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, las autopistas radiales de Madrid y el almacén de gas Castor, por cuya paralización el Gobierno compensó a ACS con 1.350 millones de euros que se repercutirán en las facturas del gas de todos los consumidores.
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