El PP acepta ahora aplazar las reválidas de la LOMCE

Hasta la colocación en torno a la mesa de reuniones fue ayer distinta. El ambiente del primer encuentro oficial del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con los consejeros autonómicos fue, en palabras del propio anfitrión, "positivo y constructivo", diametralmente opuesto al que dos meses antes había mantenido su predecesor, José Ignacio Wert, con los representates territoriales en la que fue su última Conferencia Sectorial de Educación. Pero la prueba más clara de que algo puede haber cambiado con la marcha de Wert a París (donde ha sido nombrado embajador de España ante la OCDE) y tras el vuelco de las elecciones autonómicas es que, por primera vez, las comunidades contrarias a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) han conseguido paralizar, aunque sea parcialmente, uno de los decretos de la reforma. Nada más y nada menos que el de las reválidas, piedra angular de la normativa.

"Quizá no hayamos ablandado la LOMCE, pero sí la hemos relajado. Y lo hemos conseguido en uno de sus puntos más críticos", argumentó la 'consellera' de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, a la salida de la reunión. Las reválidas que quedan en suspenso son la que los estudiantes tendrían que hacer a finales de cuarto de la ESO y al terminar el bachillerato, dos exámenes de Estado y que habría que aprobar para obtener el título, que desde Catalunya se ven como una medida recentralizadora en toda regla.

Imparable

La prueba externa prevista para los alumnos de sexto de primaria, que organizarán las comunidades autónomas, sí sigue adelante y el decreto que la desarolla será presentado en breve ante el Consejo de Ministros, anunció Méndez de Vigo. "Tenemos tiempo, porque según prevé la misma ley, estas pruebas no se implantarían hasta el curso 2017-2018, por lo que, mientras tanto, vamos a dialogar sin prejuicios con las comunidades y vamos a escuchar a la comunidad docente", subrayó el ministro. "La LOMCE no se puede parar, porque su calendario está incluido en el articulado de la propia ley orgánica, por lo que la reforma sigue adelante", insistió.

Preguntado por cómo valoraba la decisión tomada, si la consideraba una rectificación a una decisión ya tomada por su predecesor o si era más bien una concesión a las comunidades, Méndez de Vigo dio un ejemplo de sus habilidades diplomáticas (ha sido eurodiputado) y esquivó un pronunciamiento.

Recelos conservadores

El giro del ministerio se produce, no obstante, en un momento en que el PP ha perdido la mayoría territorial y con una Conferencia Sectorial en que tan solo cinco de los 17 consejeros autonómicos están a favor de seguir adelante con la LOMCE en sus términos actuales. Hay recelos, incluso en las filas conservadoras, sobre cómo se está financiando el despliegue de esta ley, porque los fondos comprometidos para pagar, por ejemplo, la formación profesional (FP) básica no llegan a su destino.

Las otras 12 comunidades (siete gobernadas por socialistas y cinco por nacionalistas) han hecho frente común, y muchas de ellas han anunciado que van a aplicar medidas para, al menos, tratar de mitigar el impacto de la también conocida como 'ley Wert'. Una de las que ya lo ha empezado a hacer es la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, que ayer valoró la "disposición de consenso" que, a su juicio, mostró el ministro. "Hay satisfacción -dijo- porque ha habido un cambio de actitud, aunque también es cierto que ayuda el cambio de la composición de la Sectorial, con los consejeros del PP era un rodillo y ahora hay una disposición mayor a acordar", admitió.

Traspaso a las comunidades

Ni el ministro ni la mayoría de los consejeros quisieron adelantar cómo se reformularán las reválidas de secundaria, que, según el proyecto del exministro Wert, iban a ser exámenes de 350 preguntas de tipo test planteadas desde el ministerio. De momento, el único cambio propuesto es el de la 'consellera' catalana, que pide que la organización se traspase a las comunidades autónomas. De ser así, en Catalunya se mantendría el modelo de las actuales pruebas de competencias en cuarto de ESO.

Esta fórmula plantearía problemas, en cambio, a las comunidades (la mayoría) que no realizan ningún sistema de pruebas externas. "El ministro dice que quiere redactar un Libro Blanco de los Docentes para defenderles y devolverles el prestigio, pero con esta ley y las reválidas, solo está cuestionando el trabajo del profesorado", protestó la consejera aragonesa de Educación, la socialista Mayte Pérez, una de las comunidades unidas recientemente al club anti LOMCE y que no realizan estas pruebas.