INFORME SOBRE LOS DESALOJOS

Amnistía denuncia que España tiene el 30% de viviendas vacías de Europa

Un estudio de la oenegé denuncia la política de vivienda social como la "más endeble" de Europa

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España tiene una de las políticas de vivienda social "más endebles de Europa", ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia. Además, hay más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que hay en Europa.

Estos datos se recogen en el primer informe de Amnistía Internacional sobre la vivienda 'Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España', en el que denuncia que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento, desde que comenzó la crisis en el 2008.

Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha señalado que "el derecho a la vivienda corre peligro en España" y que "las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho".

Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, ha afirmado.

Negociaciones obligatorias

Amnistía reclama que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa.

Amnistía Internacional sostiene que las autoridades han "invisibilizado" la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género.

"El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizacionesï¿¿, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, quien añadió que "mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación".

Reducción del gasto público en vivienda

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Por otro lado, Amnistía Internacional señala que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015.

España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE (1,1%), sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). De hecho, Amnistía subraya que, en lugar de hace frente a esta alarmante cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.