Cientos de personas se manifiestan contra la privatización del Registro Civil

Cientos de trabajadores de los registros civiles de toda España se han manifestado este sábado en Madrid contra la privatización del Registro Civil y en protesta por la voluntad del Gobierno de transferir a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sus funciones. Los manifestantes, convocados a una 'marea amarilla', reivindican el mantenimiento del Registro Civil como servicio público servido por la Administración de Justicia.

La manifestación, convocada por la Plataforma del personal funcionario del Registro Civil y secundada por la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, ha recibido el apoyo de distintas organizaciones y dirigentes políticos de IU, Podemos o PSOE, como la exministra Rosa Aguilar, ha salido de la Plaza de Cibeles y ha acabado frente al Ministerio de Justicia, donde han exigido que la función de los registros siga siendo pública.

"QUE EL MINISTRO LO PIENSE"

"La respuesta ha sido lo suficientemente grande y contundente como para que el ministro se piense las cosas", ha valorado María Novoa, miembro de la comisión ejecutiva del sector de la Administración de Justicia de CCOO. El objetivo es evitar que la función de los registros civiles deje de ser pública y pase a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad.

Entre los manifestantes, la número dos de Podemos en Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que ha mostrado su apoyo a la reivindicación. "Ahora por hacer gestiones como inscribir a un hijo, solicitar un certificado de defunción para poder hacer una herencia u otras cosas que son derechos constitucionales, como el matrimonio, habrá que pagar una tasa fija de entre 300 y 500 euros", ha declarado Ruiz-Huerta en alusión a la reforma.

El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán, ha resaltado que esta vez "han sido los funcionarios de justicia del Registro Civil quienes han querido decirle al ministro Rafael Catalá que basta de privatizaciones". "Somos perfectamente capaces los funcionarios de justicia para llevar a cabo y para gestionar y mejorar el servicio público del Registro Civil", ha manifestado.

"SACAR DINERO"

Además, Jordán ha declarado que "esto del servicio civil gratuito que promete Catalá no se lo cree nadie, ni los propios registradores". "Hay un gran número de registradores que están en contra del modelo que les quieren imponer y para el ciudadano a corto plazo significa que va a tener que pagar por este servicio", ha subrayado.

Por su parte, la gestora procesal y administrativa del Registro Civil de Málaga, Mª Del Mar García Villalba, ha denunciado que "detrás de esta privatización hay razones económicas y políticas". "El motivo de privatizar el registro es sacar dinero con esa plataforma", ha añadido. García Villalba ha recalcado que "la excusa para privatizar es una plataforma que se ha creado previamente y que no ha salido a concurso público".

El sindicato CCOO ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Parlamento una proposición de ley que rechaza esta modificación, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio. En dos semanas se han recogido miles de firmas entre la ciudadanía, según el sindicato.

LA RESPUESTA DEL MINISTRO

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que el Registro Civil no se va a privatizar y ha garantizado que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España. Catalá ha garantizado que este servicio seguirá siendo prestado por "funcionarios públicos".