El PP renuncia a convencer a sus diputados díscolos sobre el aborto

La dirección del PP ha constatado que difícilmente conseguirá que sus diputados provida más díscolos cedan y voten el próximo martes en el pleno del Congreso a favor de su proposición de ley de reforma del aborto. Por ello, en un nuevo giro de posición, la cúpula popular se plantea ahora dejar su minirreforma tal y como está, sin introducir las modificaciones que el portavoz popular, Rafael Hernando, había ofrecido al sector más antiabortista para intentar contentarlo.

Para tratar de justificar este nuevo golpe de volante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le dio ayer la vuelta al argumento que ha utilizado estos últimos días el partido para intentar convencer, sin ningún éxito, al pequeño grupo de diputados díscolos. Si Hernando les había ofrecido suprimir el reconocimiento que la actual legislación hace del aborto como un derecho de la mujer, Catalá negó ayer la mayor. Así, aseguró que en la ley vigente, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y conocida como ley Aído -por la exministra de Igualdad Bibiana Aído-, «no hay un derecho al aborto como tal». El PP se agarra ahora al argumento de que ese derecho se formula en realidad solo de una forma muy vaga -se cita de forma genérica una vez en el preámbulo y otra vez en el articulado- y que en todo caso no se puede interpretar como un derecho universal. Y menos se podrá hacer, quiso subrayar ayer Hernando, tras una minirreforma que, entre otras cosas, impedirá que las adolescentes puedan abortar sin consentimiento paterno. También la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada por esta cuestión tras el Consejo de Ministros, enfatizó que siempre hay «dos situaciones jurídicas a ponderar; las circunstancias de la embarazada y la mujer, y su colisión respecto a otro bien jurídico protegido, la vida del concebido y no nacido».

ESFUERZO INÚTIL

La pirueta en la argumentación de la dirección popular, en todo caso, le permite no seguir dando vueltas a una cuestión especialmente incómoda en el contexto de las próximas citas electorales que se avecinan. Se trataba, además, de un esfuerzo aparentemente inútil, dada la cerrazón mostrada por los diputados díscolos, que se han negado a dar su brazo a torcer. Incluso cuando Hernando les ha recordado que la ruptura de la disciplina de votos puede acarrear sanciones.

El diputado por Guipúzcoa José Eugenio Azpiroz, por ejemplo, había asegurado a este diario que su posición seguiría siendo de rechazo porque, a su juicio, no basta con «suprimir «nominalmente» el derecho al aborto si este se mantiene «de modo efectivo al permitir a la mujer abortar libremente hasta las 14 semanas».

Esta posición y las del resto de diputados díscolos parecen haber convencido finalmente al PP de que su oferta de introducir algunas modificaciones en la minirreforma no iba a contentar a nadie. Ni a los diputados más antiabortistas, ni a los colectivos provida con los que comulgan, que seguían considerando la reforma una traición al programa con el que el PP concurrió a las últimas generales. «Estamos cansados de que el Gobierno nos someta a este toreo dialéctico», había dicho Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, antes del último requiebro de Catalá.