Catalá promete una justicia sin papel en apenas 10 meses

Los operadores jurídicos desconfían de las medidas y de los ajustados plazos

El ministro presenta el enésimo proyecto para informatizar los tribunales

Aspecto del juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid.

Aspecto del juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid. / TSJM

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PATRICIA MARTÍN / MADRID

Como casi cada ministro de Justicia, el actual responsable gubernamental de los tribunales, Rafael Catalá, ha emulado a sus antecesores presentando un plan para modernizar la justicia y que las nuevas tecnologías ayuden a agilizar el sistema y desterrar para siempre las imágenes de juzgados abarrotados de papeles. La administración de justicia es la que más se ha resistido a introducir las posibilidades que ofrece la informática y las comunicaciones en red, de ahí que en los últimos años todos los gobiernos hayan emprendido planes de mejora que, ante la magnitud del reto, se han quedado en meras experiencias puntuales que aún no han permitido una digitalización íntegra.

De hecho coexisten ocho sistemas informáticos (de algunas de las comunidades con las competencias transferidas más el de la Administración central) que en los últimos años han comenzado a entenderse aunque con problemas. Pese a ello, el Gobierno ha prometido que a principio del 2016 la comunicación entre los intervinientes será exclusivamente on linejudicial electrónica, que permitirá a cualquier persona hacer consultas desde cualquier sitio y hora. Además, el plan contempla que se avise por SMS de la fecha en la que se va a celebrar un juicio y que los centros hospitalarios informen telemáticamente al Registro Civil de los nacimientos o defunciones que se produzcan.

«He decidido dar un puñetazo encima de la mesa» para que la digitalización sea de una vez por toda una realidad, explicó gráficamente el ministro en un encuentro con la prensa. El problema es que su determinación, como viene precedida de intentos incompletos, crea desconfianza en el sector. Hasta los más posibilistas, como por ejemplo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, reconocen que fijar el tope de papel cero entre los operadores jurídicos a principios de 2016 es «inabarcable».

Su portavoz, Pablo Llarena, «elogia» que el ministro haya dirigido su mirada hacia la «necesaria» de digitalización y considera que ahora que el esfuerzo para «homogeneizar» los ocho sistemas informáticos empieza a dar sus frutos, es cuando es posible poner en marcha el expediente judicial electrónico. Aun así, reconoce que la informatización en otras áreas de la Administración, como por ejemplo en la Agencia Tributaria, «no se hizo en pocos meses», de ahí que, en su opinión, lo importante es que el nuevo soporte «eche a andar» y se vaya «perfeccionando» con posterioridad, aunque haya un periodo de transición en el que conviva las comunicaciones electrónicas con las tradicionales.

También el Consejo General de la Abogacía incide en la necesidad de poner en marcha el expediente judicial electrónico. Su vicepresidente y decano en Reus, Pere Lluís Huguet, señala que las notificaciones por SMS y otras promesas son «accesorias» en comparación con la necesidad de que la tramitación íntegra de una demanda se haga de manera digital. Huguet cree posible introducir esta innovadora manera de trabajar si el ministerio implica a los operadores en el proceso. Según él, los anteriores planes «han fracasado porque no han contado con los intervinientes». «El problema -alerta-es que la justicia ya no puede esperar ni permitirse un fracaso más».

Más pesimista se muestra el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien considera que el plan de Catalá es «poco realista», dada su escasa inversión (56 millones de euros) y sus «plazos prematuros e imposibles de cumplir».

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El magistrado acusa a Catalá «de pretender empezar la casa por el tejado», en lugar de sanear primero los cimientos evitando los millones de expedientes «atascados» por la falta de personal y medios materiales. Bosch opina que el anuncio gubernamental, en pleno año electoral, solo tiene una intención «propagandistíca».

Comparte este diagnóstico el portavoz de justicia del sindicato CSIF, Javier Jordán, quien advierte de que con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y las generales a finales de año los plazos prometidos pueden quedar en papel mojado, especialmente si el PP no gobierna de nuevo. «Se acomete la promesa en el peor año», se queja, antes de alertar de la conveniencia de que el nuevo modelo se pruebe concienzudamente antes para ponerse en funcionamiento, para que el ciudadano no sea el que pague los platos rotos por la premura.