El Síndic investiga el uso de pistolas eléctricas en policías locales y Mossos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para investigar el uso de pistolas eléctricas a raíz del anuncio de que el departamento de Interior ha comprado un centenar de las denominadas pistolas Taser para los Mossos d'Esquadra  Mossos d'Esquadra y de que varias policías locales ya dispongan y hagan uso de ellas.

El Síndic ha informado este viernes de que se ha dirigido al Departament de Interior y a varios ayuntamientos para pedirles "información detallada sobre la cuestión y, particularmente, sobre sus intenciones respecto de esta arma".

El Síndic de Greuges también ha pedido al departamento de Interior y a los ayuntamientos que, antes de autorizar el uso de estas pistolas, tengan en cuenta la posición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT), que define las Taser como "instrumentos muy controvertidos que pueden causar un dolor intenso y que pueden ser objeto de abusos".

El CPT, que acaba de celebrar su 25º aniversario en Estrasburgo, con la participación de instituciones de defensa de derechos y expertos de toda Europa, entre ellos, el Síndic, Rafael Ribó, ha recomendado que "el uso de las pistolas eléctricas esté sujeto a los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, advertencia avanzada cuando sea posible y precaución".

Según el Síndic, "el Parlament debería tomar las iniciativas pertinentes, en la línea de debates anteriores, como el de las balas de goma, para reglamentar los instrumentos que puede utilizar la policía de Cataluña en las tareas de seguridad y de orden público".

En este sentido, el defensor del pueblo catalán ha advertido que "en caso de que se decidiera hacer uso de ellas, la decisión final debería ser, como recomiendan los textos internacionales, objeto de tratamiento y debate legislativo antes de cualquier acuerdo ejecutivo, de modo que se haga una reglamentación detallada".

"Esto habría que hacerlo extensible a todas las policías locales", ha añadido el Síndic.

El defensor de la ciudadanía de Cataluña también ha alertado de que el uso de las pistolas eléctricas "requiere una formación específica" y que en el caso de manifestaciones el uso de estas armas "puede ser considerado inadecuado siempre que no haya una amenaza real e inmediata de vida o de daños graves". "En ningún caso se deberían emplear en personas vulnerables", ha advertido.

Ribó también ha recordado que "es evidente que la utilización de armas de descarga eléctrica supone riesgos específicos para la salud, tales como la posibilidad de sufrir quemaduras en caso de un uso prolongado en el tipo de contacto".

El Síndic ha advertido que un informe del CPT incluye "datos concluyentes y fidedignos" que demuestran que estas armas "se han utilizado para provocar malos tratos a personas privadas de libertad" y el CPT ha recibido con frecuencia denuncias de amenazas de malos tratos a personas detenidas mediante la utilización de pistolas eléctricas.

También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del uso de estas armas.

Con referencia en España, el informe de noviembre del 2009 recomendaba que no se usaran, por los efectos que podían tener en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían y por conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Síndic ha recordado que varias policías europeas han descartado el uso de estas pistolas paralizantes, que descargan electricidad sobre la persona para inmovilizarla momentáneamente.

En la mayoría de casos estas descargas provocan una contracción muscular generalizada que induce a una parálisis temporal y hace que la persona afectada caiga al suelo.

Desde el año 2000, el uso de las pistolas Taser se está generalizando en las policías de muchos países y, a pesar de estar catalogadas como armas no letales, el Síndic ha recordado que "se ha documentado la muerte de personas en EEUU y en Canadá después de haber recibido las descargas".