05 jun 2020

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Gente corriente

Ageda Blasco: "El vínculo entre pobreza y malnutrición se niega"

Catalina Gayà

El 4 de diciembre, la Coalición por el Derecho a la Alimentación, junto con Institut de Drets Humans de Catalunya, asistió a una presesión del examen periódico universal (EPU), en Ginebra, para presentar el Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Catalunya, que denuncia la vulneración del derecho a la alimentación. El estudio, pionero, se centra en Ciutat Vella y Nou Barris.

-¿En qué consiste el EPU?

SEnDEl EPU es el instrumento de la ONU encargado de evaluar la situación de derechos humanos en el país a partir de las informaciones aportadas por los gobiernos, por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y por la sociedad civil.  Nuestro objetivo era informar sobre la situación de vulneración del derecho a la alimentación.

-El estudio recoge «el impacto de la crisis sobre el derecho a la alimentación adecuada».

-La tesis principal es que la crisis financiera y económica se ha utilizado de pretexto para recortar en derechos sociales y ha perjudicado al derecho a la alimentación adecuada.

-¿Hay una respuesta institucional a la emergencia alimentaria?

-Se niega el vínculo entre pobreza y malnutrición. Hablan de falta de voluntad, de malos hábitos, de desconocimiento…  El derecho a la alimentación no se ha desarrollado nunca, así que es difícil cuantificar cuántas personas han tenido el derecho vulnerado.

-Hay 234 instituciones que trabajan en el territorio repartiendo alimentos...

-Sí, los gobiernos delegan su responsabilidad en el cumplimiento de un derecho, en este caso el de alimentación, a entidades del sector privado. Es una medida paliativa que no garantiza el derecho. Por eso abogamos por un enfoque de políticas públicas garantistas del derecho.

-Esa es una de las recomendaciones del informe, ¿qué otras?

-Primero que se reconozca el derecho a la alimentación en la Constitución. Está reconocido en compromisos internacionales que ha ratificado el Estado español, pero no son vinculantes, así que ahora es una cuestión de voluntad política. Y de que se desarrolle una normativa interna en los diferentes niveles de la jurisdicción de forma que  se entre en detalle en las políticas que garantizarían el derecho a la alimentación.

-Dan cifras: siete millones de personas en España sufren malnutrición.

-Y en situación de pobreza en España hay tres millones de personas, y en riesgo de exclusión social, 13 millones. En la situación en la que  estamos es muy fácil pasar de la vulnerabilidad a la pobreza. El problema es que nadie está hablando de eso. Nosotros decidimos romper el silencio.

-¿Por qué no hablamos de ello?

-Porque no queremos pensar que somos un sur global. No hay políticas educativas sobre nutrición y hábitos saludables y no se promueve la cultura alimentaria local. A la par que esto, quien tiene más presencia en la creación de cultura alimentaria son las grandes marcas a través de la publicidad. No hay datos oficiales sobre malnutrición en el Estado español, y los que existen están en disputa por su interpretación, es decir, lo que no existe es el nexo entre pobreza y malnutrición.

-Hicieron el estudio a través de una campaña de  crowdfunding.

-Sí. Lo hemos elaborado entre varias organizaciones: Edpac, Entrepobles y Observatori DESC.

-¿Siguen generando alianzas?

-Nuestra intención es poner en marcha todos los mecanismos para presentarlo al Consejo de Derechos Humanos. Hemos contactado con la embajada de España para que el ministerio invite de manera oficial a la relatora de la ONU del derecho a la alimentación.