Las administraciones apenas divulgan el bono social energético

La pobreza energética es un mal del que mucho se habla sin que se sepa hasta qué punto afecta a nuestra sociedad, entre otras cosas porque las administraciones no se han esmerado en atinar esa información y en atacar el problema, que, lógicamente, se enraizó con la crisis. Apenas existen datos que permitan calibrar con precisión el daño causado por la falta de recursos para pagar las facturas de gas y electricidad (el agua no se computa en la pobreza energética, es otro problema). Ni siquiera hay una definición consensuada: hay varias. Así que el proyecto Fuel Poverty, de las entidades Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y Ecoserveis, se propuso lograr esas estadísticas aunque fueran de un grupo concreto, para tener una base de la que partir. Fuel Poverty analizó el caso de casi 400 familias de L'Hospitalet en situación económica vulnerable que son atendidas por ABD.

Estos son algunos resultados, presentados este martes: casi nueve de cada 10 familias vulnerables dejaron de abrir la calefacción para no gastar; el 13% de las familias han sufrido cortes de suministro en los últimos seis meses; el 68% han pedido ayuda para pagar facturas y tan solo el 3% se han acogido al bono social, que permite a la población vulnerable pagar servicios al precio del 2009, cuando el 79% de los encuestados habrían podido hacerlo. Ni una sola de las familias se ha acogido al decreto contra la pobreza energética que la Generalitat aprobó en diciembre del 2013, olvidó a continuación y defiende desde que el Gobierno central lo llevo al Tribunal Constitucional.

SIN INTERÉS EN INFORMAR

Una de las principales conclusiones del estudio de Fuel Poverty es que la Administración no hace sus deberes. Que el Gobierno central y el catalán apenas se mueven para facilitar soluciones. «No tienen ningún interés en que la gente conozca los medios a los que se puede acoger», afirma Núria Salas, responsable de Fuel Poverty.

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Se da por hecho que un pobre energético es quien no puede mantener la casa entre ciertas temperaturas, 18º y 25º. O también quien pague más del 10% de sus recursos en este apartado. De los encuestados en el estudio, el 100% superaron esa cantidad de factura.

DESPROTECCIÓN

Uno de los principales problemas, indica el estudio, es la desprotección y desinformación que rodea a muchos clientes: el 92% de los encuestados por Fuel Poverty desconocen las tarifas que han contratado; el 87% no saben con qué potencia cuentan y el 73% no entienden nada o poco las facturas. Un segundo problema, que resulta decisivo, es el estado de las viviendas: el 70% de los encuestados, que en su mayoría son vecinos del barrio de Collblanc-La Torrassa de L'Hospitalet, viven en inmuebles de más de 35 años de edad, lo que supone por definición un esfuerzo mayor para calentar la casa: el aislamiento correcto es otra clave.