El Govern renuncia a regular por ley la actividad de los clubs cannábicos

Tras un largo proceso de elaboración de algún tipo de normativa que regulara la existencia de los numerosos clubs cannábicos que, sin un marco legal, han proliferado en Catalunya en los últimos años, la Conselleria de Salut presentó ayer en el Parlament una propuesta de resolución no vinculante que enumera las «orientaciones» sanitarias a las que, voluntariamente, podrán acogerse dichas entidades. La resolución, respaldada por todos los grupos políticos con excepción del PP, propone que los clubs cannábicos fijen en 18 años la edad mínima de los asociados -el PSC propuso que el límite se fije en los 21 años-, que no se se pueda ser miembro de más de una entidad y que estas se ubiquen a una distancia, no determinada, de escuelas y centros sanitarios.

Salut soslaya con estas sugerencias la discrepancia que sobre este asunto mantiene con el departamiento de Interior, cuyo titular, Ramon Espadaler, se ha mostrado públicamente contrario a cualquier marco legal, «por restrictivo que sea», ha dicho, que ampare la existencia de estos clubs. El conseller de Salut, Boi Ruiz, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de establecer una «regulación» de los clubs cannábicos dirigida a conocer la realidad del fenómeno, acceder a los consumidores de la planta, y promover medidas que reduzcan los riesgos para la salud que ese consumo implica. La resolución presentada ayer se limita, finalmente, a sugerir medidas susceptibles de reducir ese riesgo sanitario, pero carece de  obligatoriedad legal. «Lo que hoy presentamos no es una regulación legal y su cumplimiento es voluntario: un marco orientativo al que pueden acogerse las asociaciones cannábicas establecidas en Catalunya -reiteró Antoni Mateu, secretario de la Agència de Salut Pública de Catalunya, autor de la resolución-. Ofrecemos criterios de salud pública dirigidos a promover un consumo seguro del cannabis». «Nuestra intención -insistió- es desincentivar el hábito de fumar o tomar cannabis por cualquier otra vía, porque es nocivo para la salud, pero, atendiendo a la realidad de que existen miles de consumidores, ofrecemos pautas para que actúen con los mínimos riesgos posibles para la salud».

La comisión de salud del Parlament abordó ayer el tema inducida por el interés que las federaciones de clubs cannábicos y los partidos de la oposición mostraron en ese sentido. En la práctica, la Generalitat adopta una posición equidistante entre los postulados de Interior y Salut. «Estamos de acuerdo con la iniciativa sanitaria -dijeron ayer fuentes de Interior-. El Govern tiene una única línea en este tema, y todos vamos a una. No habrá más propuestas».

Las pautas incluidas en la resolución de Salut son voluntariamente «flexibles», explicó Mateu. A ellas se acogerán los clubs que lo consideren conveniente. «Dejamos abierto al criterio de los ayuntamientos la concreción de los metros de distancia que deberán existir entre un club cannábico y una escuela o un centro de salud», añadió Mateu. Los clubs podrán inscribirse de forma voluntaria en el registro muncipal de asociaciones de personas consumidoras de cannabis, adscrito al registro de asociaciones de cada ayuntamiento. Ese registro municipal permitirá conocer la cifra aproximada de entidades existentes, aunque no la total.

EL TURISMO / La resolución elaborada por Salut Pública propone que se exija una carencia de 15 días para entrar a formar parte de un club, es decir, que quien pretenda ser socio de una entidad deba haber permanecido un mínimo de dos semanas en el municipio en que se encuentre el club.

Este requisito es el único punto de la resolución que alude a uno de los aspectos que, en un principio, motivaron la actuación de Salut: el denominado turismo cannábico, detectado en especial en Barcelona y en clara expansión, que, según han reconocido en más de una ocasión los responsables de Salut Pública, atrae a la capital catalana a compradores de cannabis procedentes de otros países. Barcelona figura en numerosas páginas web como «el Amsterdam del Mediterráneo», un eventual foco de venta libre que desagrada ostensiblemente a la Generalitat.