27 may 2020

Ir a contenido

FIASCO DE UNA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Los consumidores de gas pagarán los 1.350 millones del Castor

La indemnización del Estado a ACS se cargará durante 30 años en la factura

El almacén, ahora público, queda «hibernado» y podría reabrir en el futuro

MANUEL VILASERÓ / MADRID ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA

La indemnización a la concesionaria del almacén de gas Castor por su cierre debido a la sucesión de terremotos frente a las costas de Tarrragona y Castellón ascenderá finalmente a 1.350 millones de euros que se pagarán durante 30 años a través de la factura que abonan los consumidores. La cifra ascenderá en realidad a 3.000 millones una vez sumados los intereses. Así lo acordó ayer el Consejo de Ministros en una decisión que despertó durísimas críticas de los consumidores, la plataforma de la Sènia y partidos a la izquierda del PSOE. El contrato de concesión que dejaba las manos atadas al Gobierno fue firmado por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El cierre estaba cantado desde que el pasado junio la concesionaria, Escal UGS, cuyo principal accionista (67%) es la constructora ACS, de Florentino Pérez, renunció al proyecto tras nueve meses de suspensión. Sendos informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero, habían establecido una relación directa entre las inyección de gas colchón y los más de 500 seísmos registrados.

INCÓGNITA DE FUTURO

La decisión del Gobierno no equivale a un cierre definitivo. Técnicamente se trata de una «hibernación», según el término utilizado por el Gobierno en el decreto. Durante la misma «no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural», pero no se descarta que en el futuro,  si «los estudios técnicos lo aconsejan», la plataforma, ahora pública, pueda entrar en explotación, o bien ser desmantelada.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que los informes técnicos desaconsejaban tanto la extracción del gas almacenado como nuevas inyecciones, por lo que se ha optado por la «opción más prudente y conservadora». Con esta alternativa se evita, por el momento,  el coste de un hipotético desmantelamiento, aunque en contrapartida habrá que abonar unos gastos de mantenimiento que irán también a cuenta de la factura del gas. La encargada de gestionarlo será la empresa pública Enagás Transporte, la misma que abonará en primera instancia los 1.350 millone y luego los recuperará a través de la factura del gas a partir del 25 de abril de 2016.

INDUSTRIA HABLA DE AHORRO

Para hacer frente a las previsibles críticas, el Ministerio de Industria argumentó que en caso de haber entrado en funcionamiento, el almacén le hubiera costado al sistema gasista más de 210 millones de euros anuales, frente a los 100 que costará la indemnización.

El Ejecutivo intentó eludir el  pago de la indemnización denunciando ante el Tribunal Supremo las claúsulas que otorgaban a Escal el derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. Pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización. El Estado ha tenido que aceptar la renuncia de la empresa y compensarla. El contrato establecía en otra claúsula, completamente inusual en este tipo de contratos, el derecho de la empresa ser indemnizada incluso en el caso de que existiera un dolo o negligencia por su parte.

Tras el revolcón judicial, sólo quedaba fijar el importe a abonar. La empresa, participada también en un 33% por la canadiense CLP, reclamaba 1.770 millones. La inversión inicial de 1.350, más el gas colchón inyectado (186 millones) y los costes financieros (234 millones). El Gobierno ha optado por ceñirse a la inversión de 1.350, aunque tenía la opción de pagar solo el importe del coste que figuraba en el contrato de concesión, solo 700 millones.

QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES

La asociación de consumidores Facua pidió  que «se depure» la «ineptitud» de los gestores públicos responsables del fiasco. «Se produjo un absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior», ya que el contrato de Castor «acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos». La concesión, firmada por el Gobierno de Zapatero, también daba otra baza a la empresa de Florentino. La declaración de impacto ambiental que dio la luz verde definitiva al proyecto no contemplaba el riesgo sísmico en ninguno de sus apartados, aunque varios organismos habían alertado de su conveniencia.

La eurodiputada de IU Marina Albiol fue más allá y pidió que los costes los paguen «Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación». «No los deberían pagar los ciudadanos», sino aquellas personas que permitieron que se construyera «para beneficiar a Florentino Pérez sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer», advirtió en un comunicado. El diputado de Equo-Compromís, Joan Baldoví, calificó de «ejemplo de manual de la cleptocracia organizada e institucional que no puede quedar impune» el caso del Castor.