Las claves del caso

1 Detención muy violenta y desproporcionada

Hasta seis golpes encajó en la cabeza Juan Andrés Benítez después de haber sido inmovilizado por los 10 mossos que intervinieron en la detención de la víctima la noche del 5 al 6 de octubre del pasado año. Así se desprende del informe que redactó la Policía Nacional sobre la controvertida actuación de los mossos en el barrio barcelonés del Raval, en el que se subraya que el empresario del Gaixample recibió los golpes cuando ya no representaba ninguna amenaza para la seguridad de los agentes.

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El análisis policial destaca que a pesar de la imposibilidad de que el arrestado pudiera reaccionar, el agente que le propinó los seis golpes lo hizo incluso «tomando impulso» para incrementar el daño causado, como se aprecia en una de las grabaciones disponibles. Otro mosso atizó diversas patadas contra el cuerpo de la víctima, según el informe. Algunos testigos sostuvieron que Benítez siguió recibiendo «fuertes golpes» incluso cuando ya había dejado de gemir por el dolor que le estaban infligiendo.

2 Las versiones sobre la causa de la muerte

Los mossos que intervinieron en el luctuoso suceso negaron haber pegado a Benítez en la cabeza y alegaron que los golpes que le propinaron eran para «relajarle los músculos». Según su versión, fue el arrestado quien «se golpeó el cráneo contra el suelo», fuera de sí. 

Se aferraron al test toxicológico para destacar que Benítez había consumido viagra y cocaína, un riesgo elevado al padecer una dolencia cardiaca, como se presuponía. Sin embargo, un informe médico encargado por la familia de la víctima destacó que el fármaco y la droga no pudieron llevarle a la muerte, descartó que sufriera arritmia y, al igual que la autopsia, achacó el fallecimiento a «los traumatismos en la reducción».

Uno de los sanitarios que le atendieron declaró que debieron esperar 15 minutos para que los mossos les dejaran atender a la víctima y que antes les pidieron que inspeccionaran una lesión en el cuello de una agente. Dijo que se encontraron a Benítez en el vehículo policial, esposado y con síntomas de parada cardiaca.  

3 Prácticas inusuales durante las pesquisas

Resultó llamativo que la jueza que investiga el caso, Eva Moltó, solicitara un test de tóxicos para saber si los policías imputados consumían droga, una decisión que causó gran malestar en los Mossos. Pero fue incluso más sorprendente que cuatro de ellos estuvieran totalmente rasurados, de tal manera que no fue posible hallar en ninguna zona de su cuerpo vello de longitud suficiente para realizar el test. Las defensas argumentaron que algunos son «culturistas».

En otra práctica nada usual y totalmente reñida con el procolo policial, uno de los agentes utilizó una botella de agua para disolver la mancha de sangre de la víctima tras practicarse la detención. A pesar de que el mosso afirmó que la intención era meramente «higiénica», la magistrada le imputó por un presunto delito de obstrucción a la justicia.

También en las formas hubo sorpresa, dado que la forma arrogante en que una veintena de mossos desfilaron por los juzgados escoltando a sus compañeros imputados cosechó numerosas críticas entre la opinión pública.

4 Alarma entre los vecinos del Raval 

Los gritos desesperados de Benítez alarmaron a los vecinos de la estrecha callejuela de la Aurora, que se asomaron a ventanas y balcones, sorprendidos por la violencia de la intervención policial. Varios inquilinos pidieron a los agentes que dejaran de golpearle. «¡No le peguen más!», reclamaban desde las alturas, sin lograr efecto alguno. 

No al menos al principio, ya que cuando las protestas se fueron generalizando, los agentes empezaron a reparar en que algunos vecinos estaban grabando la escena con dispositivos móviles. Tras el arresto, y según testigos presenciales, unos mossos se dirigieron a varios domicilios mientras gritaban: «¡Abre la puerta, abre la puerta!», según relata Isaac Marín, que presenció el suceso. 

D. F. escuchó cómo unos agentes dijeron a una residente «que no se podía grabar la cara de la policía y que era ilegal mostrar esos vídeos en Youtube». Ese argumento fue el que sostuvo la única mossa imputada, que dijo temer que sus compañeros pudieran ser distinguidos ern internet por grupos antisistema.  

5 Sacudida en la cúpula del cuerpo policial

Con la actuación de los Mossos d’Esquadra en el punto de mira desde meses atrás, la controvertida detención de Benítez tuvo un fuerte impacto en los despachos de la Conselleria d’Interior. El desenlace llegó prácticamente medio año después, cuando la presión de la opinión pública y de los partidos de la oposición se saldó con la dimisión de Manel Prat, el director general de los Mossos aupado por Felip Puig cuando este estaba al frente del departamento.

El desalojo de la acampada del 15-M, el dispositivo policial en el acoso al Parlament de miembros de este movimiento y, sobre todo, el caso de Ester Quintana 

–la joven que perdió un ojo por un pelotazo de goma de la policía catalana– habían creado una atmósfera que se hizo ya asfixiante con la violenta muerte de Benítez.

Tal era el descrédito cosechado, que aumentaban los agentes que no se sentían representados por la cúpula. Tampoco fue fácil encontrar al sustituto de Prat, puesto que recayó en Albert Batlle tras la negativa de varios candidatos. 

6 Un tribunal popular decidirá sobre el caso

La Audiencia de Barcelona desestimó los recursos presentados por los nueve agentes y el sargento de los Mossos que redujeron a Benítez. El tribunal consideró que hay suficientes vestigios de que se trató de una intervención policial «desproporcionada y excesiva», por lo que persiste la posibilidad de que se tratara de un homicidio doloso. Es decir, que no se puede descartar que los agentes continuaran con los golpes a pesar de que sabían que la vida del arrestado podía correr peligro.

Con esta decisión de la Audiencia, será un jurado popular el que deba discernir si los agentes son culpables de este delito.

El auto estima que las decisiones que está adoptando la jueza encargada del caso «está plenamente meditada y conforme a la extensa investigación». La Audiencia también encarga al jurado popular que emita su opinión sobre los presuntos delitos de coacciones y obstrucción a la justicia que pesan sobre dos de los mossos imputados en la causa, pese a que, en un principio, no son de su competencia.