873.000 inmigrantes expulsados de la sanidad, según las oenegés

Los recortes en atención sanitaria emprendidos por el Gobierno del PP, con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, ha expulsado de la sanidad pública a al menos 873.000 personas, que han quedado desatendidas, según denuncia un manifiesto hecho publico ayer y firmado por 62 entidades sociales y sanitarias.

Los firmantes, entre los que figuran Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo, la Taula d'Entitats del Tercer Sector a Catalunya, la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat y SOS Racisme, reclaman la retirada del decreto de medidas urgentes en el Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, y las restricciones de la tarjeta que se  aplicaron a partir de septiembre de ese año.

Las oenegés y asociaciones consideran que con esas medidas «la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado», cuando se trata de «población especialmente vulnerable». El manifiesto denuncia las diferencias entre comunidades autónomas (Catalunya y otras autonomías evitan su cumplimiento) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios, «lo que está provocando el deterioro de la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud».

Los firmantes afirman que incluso en casos en que el decreto reconoce el derecho a la atención, como en el caso de embarazadas, menores o atención de urgencias, «se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos».

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MÁS GASTO SECUNDARIO / Para las entidades, «desplazar la atención a las urgencias genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención». Y exponen que «la exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas».

Según las organizaciones firmantes, las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar el control de brotes epidémicos «tiene repercusiones no solo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva». Los firmantes instan al Gobierno a derogar este decreto y a elaborar una nueva ley de sanidad, que «nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas».