Solo 10.000 personas se benefician de la moratoria de desahucios

Desde noviembre del 2012 unas 10.000 personas, según el Ministerio de Economía, han congelado su desahucio acogiéndose a la moratoria establecida entonces por el Gobierno. Pueden parecer bastantes. Para el Ejecutivo lo son y vienen a demostrar la eficacia de una medida que el pasado fin de semana anunció que estudia prorrogar más allá de los dos años previstos. Pero para la oposición y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son muy pocas si se ponen en relación con el número de personas que han entrado en el proceso de perder la casa en estos 21 meses. Con el recuento más reciente, el del Instituto Nacional de Estadística (INE), las citadas 10.000 familias suponen en torno al 15% de todas las que se han visto afectadas por una ejecución hipotecaria de primera vivienda desde noviembre del 2012. Y el porcentaje desciende drásticamente si se suman las decenas de miles de hogares amenazados de desahucio que ya había en esa fecha y que también podían aspirar a la moratoria.

Desde el primer momento, todos los partidos a excepción del PP consideraron muy restrictiva la moratoria, al afectar solo a las situaciones más extremas. Al principio la familia no podía tener ningún ingreso. Luego, aprovechando la reforma de las leyes hipotecarias en mayo del año pasado, se amplió a las que ingresaran menos de 1.600 euros al mes, pero al mismo tiempo la cuota hipotecaria tenía que superar la mitad de sus ingresos. Y además, cumplir condiciones como convivir con una persona dependiente o tener hijos menores de tres años.

CIFRAS DIVERGENTES / Cifras sobre los desahucios hay para todos los gustos. El INE, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Registradores han elaborado sus propias estadísticas. Todas coinciden en que la amplitud del fenómeno es muy importante, pero discrepan sobre su dimensión real. El INE cuantificó el pasado junio en 9.464 las familias implicadas en un proceso ejecutivo por falta de pago de la hipoteca de una primera vivienda en el primer trimestre de este año. Esto daría casi 40.000 ejecuciones hipotecarias anuales.

Con todo, lo peor, tanto para la oposición como para la PAH, no es que se hayan podido acoger relativamente pocos afectados a la moratoria, sino que, más que de un salvavidas, se trata literalmente de un clavo ardiendo que lo único que hace es retrasar el trágico desenlace. «Se detiene el lanzamiento del desahucio, pero la deuda no solo permanece sino que se incrementa con los intereses de demora abusivos que se aplican», explica Carlos Macías, portavoz de la PAH de Barcelona.

Algunos bancos habían llegado a aplicar recargos de auténtica usura, próximos al 30%. La reforma emprendida a raíz de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre claúsulas abusivas obligó a recortarlos. Quedó como tope el triple del precio legal del dinero, que entonces era del 4% pero que este año ha subido al 5%, con lo que el importe de las letras impagadas por las personas protegidas por la moratoria pueden estar creciendo el 15% anual.

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LOSA INSOPORTABLE / Una losa insoportable que tarde o temprano volverá a caer, corregida y aumentada, sobre el supuesto protegido. «Es pan para hoy y hambre para mañana. Dure lo que dure la moratoria, al final la gente será desahuciada con una deuda muy superior a la inicial», según Leire Iglesias, diputada y portavoz de Vivienda del grupo socialista en las Cortes. Podría parecer lógico que los bancos aprovecharan la paralización del desahucio para renegociar las condiciones, hacer una quita o pactar otra salida pero, según la PAH, una vez el afectado se ha acogido a la oferta del Gobierno, los bancos se limitan a contabilizar los intereses y a esperar a cobrar más adelante. La situación es tal que, según Macías, la PAH desaconseja solicitar la moratoria cuando reciben la llamada de personas pidiéndoles ayuda en su negociación con el banco.La oposición cree que debería aprovecharse la prórroga anunciada por el Gobierno para flexibilizar los requisitos e introducir todas las soluciones al drama de los desahucios que presentaron durante la tramitación de la reforma y que el PP rechazó de plano.

«El Gobierno debería aprender de los acuerdos a los que los bancos han llegado con los afectados bajo la presión de la movilización social», ejemplifica el diputado de Izquierda Plural por ICV, Joan Coscubiela. Se trata de quitas, reestructuración de deudas o del pago de un alquiler asequible que va a cuenta de la deuda. Un sinfín de soluciones en las que «la realidad ha marcado el camino del Gobierno», que «se empeña en no buscar soluciones para proteger a los titulares de los centenares de miles de cédulas hipotecarias». «Las soluciones podrían incluir a muchas más familias y nos ahorraríamos el desgaste de tener que plantar cara caso a caso», concluye Coscubiela.