El juez del CIE denuncia carencias en el reglamento y reclama mejoras

El juez Joaquín Aguirre es uno de los dos magistrados encargados de la vigilancia del centro de internamiento para extranjeros (CIE) de Barcelona, que, como todas las instalaciones de este tipo en España, ha estado marcado por la opacidad y, hasta hace poco, por la falta de reglamento. El Gobierno los denomina ahora centros de estancia controlada de extranjeros (CECE). Pero Aguirre todavía los llama CIE. Sostiene que las cosas han cambiado a mejor, aunque señala carencias en la normativa finalmente aprobada. El reglamento de los CIE fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo, con casi cuatro años de retraso. Ha sido rechazado por las oenegés que luchan por los derechos de quienes recalan en estas instalaciones y exigen su cierre. Aguirre aprecia varias lagunas significativas en el texto. Lagunas que, dice, hace que demasiados aspectos queden en manos de los jueces de vigilancia.

De entrada, cita «la no obligatoriedad de comunicar los partes médicos». «Me refiero -explica- a golpes, sean casuales, imprudentes o intencionados». Cuando cualquier persona acude a un centro médico de Barcelona porque se ha hecho una herida sospechosa, ese centro «manda al juzgado de guardia el parte. Esta obligatoriedad no se cumple en el CIE». Los internos sí son sometidos a una revisión al llegar: si tienen lesiones, el médico debe hacerlo constar. Pero si las lesiones se las produce cuando ya está en el centro, no hay obligación de avisar. «Debería haberse regulado», afirma Aguirre. Otra carencia: el reglamento no prevé un protocolo antisuicidios. En el centro de la Zona Franca ha habido dos en tres años. El último, el pasado 2 de diciembre.

OTRO SISTEMA DE SANCIONES / En cuanto a la relación con las oenegés y su entrada en el centro de internamiento, el juez sostiene que solo ha mejorado por un auto judicial emitido por él mismo y el otro magistrado de vigilancia del CIE de Barcelona en enero. Aguirre también ve insuficiente el régimen interno en cuanto a sanciones. Solo existe el aislamiento. «Debería establecerse otro sistema que de forma coactiva obligara a los internos a cumplir las normas sin necesidad de recurrir al aislamiento», dice.

Otra vieja reclamación no resuelta: no está regulado en el reglamento con cuántas horas debe avisarse al interno de que será expulsado, de modo que pueda advertir a su entorno, resida este en el lugar de destino o en España. «Los jueces de Madrid han establecido que debe ser con un mínimo de 12 horas. Aquí todavía no se ha hecho». La atención médica sigue siendo endeble, añade Aguirre: «La organización del servicio médico dice que al menos habrá un médico y un enfermero, y me parece poco. Solo en horas diurnas. Por la noche, se le lleva a un centro médico, pero esta decisión corresponde a una persona que no es médico, que es policía».

Aguirre señala, sin embargo, algunos cambios positivos en el CIE de Barcelona. Dice que ya no llegan a las instalaciones de la Zona Franca extranjeros sin antecedentes penales que sean parados por la calle, en el metro, y descubiertos por las autoridades en situación irregular. La convivencia entre personas con y sin antecedentes se mantiene en el CIE de Barcelona al 50%, pero la mitad sin antecedentes penales corresponde, según el juez, a gente que viene de Ceuta o Melilla, «de la patera o la valla».

ENTRE LA CALLE Y EL CIE / Aguirre cree que entre que un extranjero en situación irregular reciba un aviso de expulsión sin más y que sea internado en un CIE debería haber un punto intermedio, «un procedimiento coactivo que no suponga la privación de libertad». Sin embargo, insiste en que la policía ha dado órdenes de no detener a nadie sin antecedentes para ingresar en el centro. De confirmarse, supone el fin de las redadas étnicas, mediante las cuales la policía detenía a magrebís, negros y latinos. A menudo esas redadas han servido para llenar de deportados un avión con vuelo previsto a África o Sudamérica. Sobre todo a África, porque volar a Sudamérica es más caro.