Gallardón prepara retoques en la ley del aborto para apaciguar al PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está ultimando los retoques que piensa introducir en su polémico anteproyecto de ley del aborto, obligado por el rechazo que su primera propuesta provocó en la sociedad, en la oposición política y, lo que resultó más sorprendente (y definitivo para que el Ejecutivo aceptase pulir el texto inicial), en sectores relevantes de su propio partido. Según fuentes gubernamentales consultadas por este diario, no cabe esperar cambios revolucionarios en una iniciativa que casi con toda probabilidad se aprobará el próximo viernes en consejo de ministros, salvo que el presidente Mariano Rajoy o su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, impongan a última hora otro calendario sobre el previsto. Las fuentes citadas insisten en que las modificaciones que se están introduciendo contra reloj en la ya conocida como ley Gallardón se basan en muchas de las recomendaciones incluidas en la treintena de informes que el titular de Justicia reclamó a distintos órganos consultivos, también las comunidades autónomas, para que plantearan alegaciones o mejoras.

A la espera de la redacción definitiva -que quedará cerrada en las próximas horas- y de los matices que Moncloa pueda imponer sobre el proyecto ya retocado, se da por seguro que la ley recogerá finalmente un listado de malformaciones severas (que no discapacidades como el síndrome de Down, por ejemplo) que, de darse en el feto, serán «determinantes» para facilitar a la gestante abortar. ¿Y qué ocurrirá si una mujer no quiere seguir con su embarazo en caso de que las pruebas prenatales alerten de una discapacidad? Pues que tendrá que manifestar y acreditar que esa situación le provoca «incapacidad absoluta».

FLEXIBILIZAR TRÁMITES / Está por ver si entre las modificaciones que sufre el anteproyecto original está la suavización de los trámites que ha de pasar una embarazada que desea abortar alegando daño físico o psíquico duradero, una demanda que aparece en alguno de los informes técnicos elaborados en estos meses a petición de Gallardón. Según el anteproyecto aprobado en diciembre, era obligatorio lograr dos informes médicos firmados por profesionales que, además, fuesen distintos al especialista que después practique el aborto. Tampoco podían pertenecer al mismo centro clínico y tenían que constatar que seguir adelante con el embarazo ponía en «grave» riesgo la salud física o psíquica de la paciente y que, además, de no interrumpirse el daño sería «permanente o duradero en el tiempo» en la mujer. El Gobierno baraja que en vez del aval de dos médicos se necesite uno.

VOLVER AL 85 / En todo caso, los populares dan por hecho que la propuesta que llevará Gallardón de forma inminente al consejo será más flexible que la primera y, por tanto, más fácil de defender por parte de la dirección del PP y del grupo parlamentario, que no comulgaron al ciento por ciento con la primera redacción.

De hecho, la aprobación las pasadas Navidades del anteproyecto de la ley del aborto provocó una reacción inusitada en el partido: la aparición de un goteo de dirigentes, especialmente desde sus filas territoriales, que mostraron sin disimulos su disconformidad con la dureza que Gallardón -con la aquiescencia del presidente del Gobierno-, imprimió a la norma. El objetivo buscado era derogar la vigente ley de plazos que la mayoría de los conservadores han sido incapaces de digerir y, de paso, recuperar una norma de supuestos como la de 1985. Pero hasta en el PP ha cundido la idea de que el plan que se hizo público en diciembre resulta más restrictivo que la ley de hace 30 años, puesto que Gallardón decidió dejar los tres supuestos de antaño en dos que despenalizaban el aborto: un embarazo por violación o la demostración por parte de la madre de que continuar con la gestación le provoca daño psíquico o físico «grave» y con «permanencia en el tiempo». Desaparecía la posibilidad de hacerlo por anomalía fetal.

Esto desató las quejas de muchos barones y cargos del PP, que insisten en que debe aprobarse una ley que no ahuyente a los votantes de centro que tiene el partido, especialmente tras el mal resultado cosechado en las últimas europeas y la cercanía de las autonómicas y municipales.