Incógnitas sobre la ley antihomofobia

Tras equiparar sus derechos con el resto de la sociedad en materia de matrimonio y de adopción, el colectivo gay de Catalunya se ha marcado el objetivo de blindar sus derechos y erradicar la homofobia. Una aspiración que comenzó a tomar forma el 2007, cuando se creó el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals, un órgano que a petición del Govern comenzó a elaborar las bases sobre las que crear una ley específica.

Pese a que la norma no llegó a materializarse, el colectivo no renunció al texto y lo abanderó como exponente de sus reivindicaciones. Tras intensificar su ofensiva política, la comunidad gay consiguió que ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP presentaran una proposición no de ley  que superó las reticencias iniciales de CiU y una enmienda a la totalidad del PPC, logrando el aval del Parlament el 17 de julio del 2013 para iniciar su debate. Una singladura que ahora, casi un año después, se encuentra en la recta final del proceso y aún con incógnitas por despejar.

El Consell Nacional LGTB cree «irrenunciable» que la norma tenga un régimen punitivo de infracciones y un órgano independiente del Govern con potestad para sancionar e implementar políticas. Estos son los puntos en los que hay «más desavenencias con CiU», según Emilio Ruiz, presidente del Casal Lambda.

El voto de la federación nacionalista es fundamental para que la norma tire adelante. Violant Cervera, representante de CiU en la ponencia, subraya «la voluntad» de llegar a un texto consensuado, pero discrepa de incluir un régimen sancionador. «Es necesario encontrar una fórmula para encajar esta ley con la futura norma genérica contra la discriminación, que dará amparo a todos los colectivos vulnerables.  De lo contrario, puede ser injusto y crear inseguridad jurídica para todos los que no forman parte del colectivo homosexual», expone.

El PPC también es más partidario de una ley genérica contra la discriminación, no solo por la orientación sexual. Pero no descarta su apoyo a la norma con modificaciones sustanciales. «Si el texto es como se presentó inicialmente, votaremos en contra», expone la parlamentaria popular Dolors López. «No podemos arriesgamos a que las acciones contra colectivos susceptibles de ser discriminados se sancionen de forma diferente».

La réplica la da Catalina Pallàs,  presidenta de Famílies Lesbianes i Gais. «Nuestra discriminación es diferente. Si una persona negra es atacada por su raza existe el agravante de odio, pero eso no se prevé con nosotros».  «Somos el único colectivo que puede no tener ni siquiera el apoyo de la propia familia», zanja.