20 sep 2020

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La tragedia ferroviaria de Galicia

La investigación de Fomento solo culpa al maquinista del Alvia

Las víctimas del accidente de Santiago se quejan de la parcialidad del dictamen

La comisión de accidentes acusa al conductor de correr demasiado y no estar atento

CRISTINA BUESA
BARCELONA

A las 20.41.06 horas del 24 de julio del año pasado, cuando el Alvia procedente de Madrid y con destino a Santiago pasó por la curva de Angrois, iba a 179 kilómetros por hora. El maquinista estaba bien informado de la velocidad que debía llevar, que debía ser inferior a 80, tal como señalaba el libro del tren. Conocía la vía por donde pasaba porque había realizado ese trayecto en muchas ocasiones. La infraestructura entró en servicio en diciembre del 2011 y cumplía toda la normativa vigente. La señalización era la correcta. El material móvil, el Alvia, también estaba en buenas condiciones.

Estas son algunas de las afirmaciones del informe de 266 páginas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), una entidad que depende del Ministerio de Fomento, que se hizo público ayer. Precisamente, esa condición de dependencia orgánica del departamento que dirige Ana Pastor fue la que ayer despertó las suspicacias de las víctimas del fatal descarrilamiento y sus familiares, un accidente en el que murieron 80 personas y otras 152 resultaron heridas de diversa consideración.

En el punto kilométrico donde el tren debía circular a 80 kilómetros por hora, prosigue el informe, el conductor no respetó el límite, con lo que el dictamen hecho público ayer en la web de la entidad determina que «la causa del accidente» fue ese incumplimiento y que, «como causa coadyuvante», hubo «una falta de atención» del mismo trabajador, que atendió una llamada a su teléfono móvil del interventor que viajaba en el mismo tren. La interrupción duró 100 segundos. Un tiempo que fue fatal para reaccionar.

ADIF Y RENFE, FUERA / Con estas conclusiones, tanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), como la operadora Renfe quedarían eximidas de las responsabilidades, algo que tanto la defensa del maquinista, Francisco José Garzón Amo, como los familiares y víctimas del siniestro censuran. El presidente de la asociación de perjudicados Apafas, Cristóbal González, calificó ayer el análisis de «injusto y desacertado», aunque a continuación interpretó que, tras 10 meses de pesquisas, no esperaban otra respuesta de un organismo que depende de Fomento. «Es un accidente que se podría haber evitado», sostuvo González, que vaticinó que si la CIAF hubiera podido «ocultar» la culpa del maquinista lo hubiera hecho igualmente.

En ese mismo sentido, otro de los portavoces de las víctimas, en este caso de la plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, respondió a las conclusiones de la comisión de accidentes que esta no tiene «ninguna credibilidad» y que es «una tomadura de pelo» que simplemente aspira a «lavar la imagen» a costa del «dolor y el sufrimiento» de los afectados por el accidente de Santiago.

El informe de la CIAF fue entregado el martes al Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que instruye la causa. Además de estas conclusiones, el extenso documento relaciona lo que ocurrió inmediatamente antes del suceso con el suceso en sí y se refiere a las víctimas y al resto de indagaciones que están en curso. Otro de los aspectos que llama la atención es la descripción de una serie de recomendaciones acerca de la señalización de las velocidades (por ejemplo a Adif), algo que se vislumbró a todas luces mejorable. De hecho, echa en cara a Renfe que debería «reforzar» los canales de comunicación para que una posible deficiencia se traslade de forma correcta de un estamento a otro.

CAMBIOS EN EL ORGANISMO / Así, describe el caso de un jefe de maquinistas, que cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago avisó de «una anomalía» en la transición de un sistema de seguridad a otro. No obstante, y aunque al menos nueve personas de Renfe eran conocedoras de esta información, no se trasladó a Adif.

Hasta el año 2007, la CIAF dependía de la Dirección General de Ferrocarriles. Desde entonces, y justamente para velar por la ecuanimidad que ayer reclamaban los afectados, se decidió que estuviera formada por expertos independientes. No obstante, e igual que ocurre por ejemplo con otros estamentos de la judicatura, sin ir más lejos, quien nombra al presidente del organismo es el ministro de Fomento de turno. Y los cinco vocales, entre los que hay ingenieros y expertos en seguridad ferroviaria, son designados por el secretario general de Infraestructuras. Fuentes ministeriales explicaron ayer a este diario que está previsto que en los próximos meses se hagan cambios en esta forma de designación.