El discapacitado Víctor Díaz recupera el derecho al voto

Víctor Díaz ya puede volver a votar, algo que había hecho hasta los 22 años, cuando perdió su derecho a votar al ser incapacitado judicialmente. Ahora tiene 25 y, desde entonces, su familia ha luchado por recuperarlo. Después de que el Juzgado de Primera Instancia de Gandia se lo denegara el año pasado, la familia apeló a la Audiencia Provincial de Valencia, que sí ha devuelto al joven el derecho al sufragio. La sentencia se ha basado en la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 y ratificada por el Gobierno español en el 2008. Actualmente, en España más de 80.000 personas están privadas de su derecho a votar.

En España, la pérdida del derecho al sufragio va ligada a la incapacitación judicial del afectado porque la ley electoral así lo estipula. Sin embargo, la convención de la ONU, que reconoce el derecho a sufragio al colectivo, tiene rango constitucional y, en general, no se está aplicando. Por eso la sentencia del caso de Víctor Díaz marca un antes y un después. Para su abogado, José de la Oliva, «sienta un precedente y constituye una referencia que será tenida en cuenta».

El dictamen también menciona algunas sentencias del Tribunal Supremo que han devuelto el derecho al sufragio a personas incapacitadas, en especial una de junio del 2013 según la cual «es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho, pues una cosa es que una persona no pueda regirse por sí misma ni administrar su patrimonio y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente».

MUY POCOS CASOS / Con el de Víctor, pueden contarse con los dedos de una mano los casos de personas que han recuperado el sufragio tras recurrir. La mayoría de afectados y sus familias no recurren la incapacitación total, sobre todo por desconocer que la ley está de su lado. No la española, que no se ha adaptado a la convención de la ONU, sino la internacional.

La FEAPS, plataforma que defiende los derechos de los discapacitados, celebra la sentencia de la audiencia provincial y la considera «una victoria». Según Inés de Araoz, asesora jurídica de la FEAPS, el dictamen demuestra que los jueces ya empiezan a aplicar la convención, y eso en sí mismo es una victoria, aunque el texto internacional esté ratificado desde el 2008.

Sin embargo, De Araoz sostiene que «sigue habiendo jueces que, a pesar de que se les invoca la convención, están haciendo exámenes desproporcionados de las capacidades de las personas». Son pruebas en las que se les preguntan cuestiones que habitualmente el ciudadano medio no conoce, como el nombre del presidente de una comisión del Congreso o el del presidente del Senado. «Nadie tiene por qué conocer todos los personajes políticos de este país para poder votar», dice De Araoz.

EVITAR EL RECHAZO / En este sentido, la sentencia que ha devuelto el sufragio a Víctor dispone que, «dejando atrás viejos modelos médicos», de la regulación vigente -la convención de la ONU- parece desprenderse «la asunción del modelo social de la discapacidad», concepto que estipula que lo que discapacita es el entorno. La sentencia entiende que es «conveniente y beneficioso» que Víctor vote de forma libre «como medida terapéutica para el tratamiento de su situación, que puede verse afectada por el rechazo que deriva de su estado».

La lucha está siendo larga y dura, pero cada vez más personas con discapacidad se animan a informarse. «Empieza a haber más conciencia y cada vez nos llaman más personas discapacitadas para consultarnos. Llaman ellos mismos, no sus familias», recalca De Araoz. En la

FEAPS conocen de cerca lo importante que es el sufragio para el colectivo. «Es un derecho de ciudadanía que, al ejercerlo, les reconoce su capacidad de decisión. Es un tema que les preocupa y, cuando están privados de él, les duele mucho», añade.

Actualmente, la FEAPS lleva a cabo la campaña Mi voto cuenta y acompaña a personas con discapacidad intelectual a visitar a políticos para reclamar su derecho a votar.

No está claro que Víctor pueda votar en las europeas del 25 de mayo. El fallo no será firme hasta que pasen los 20 días previstos para presentar recursos. Aunque probablemente nadie recurrirá la decisión del juez, el proceso administrativo podría apartar a Víctor de las urnas, pero sería la última vez. Su madre, Marisa, ya ha consultado el censo de Gandia y quiere a acompañar a su hijo a las urnas.