La jueza decreta prisión con fianza para dos directivos de Adif

Tres de los detenidos deben pagar 30.000 € antes de 48 horas para no entrar en la cárcel

Los acusados niegan la malversación porque la obra no ha sido pagada todavía

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J. G. ALBALAT / Barcelona

Tres ejecutivos de los cinco que ayer declararon ante la juez, dos de ellos pertenecientes al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), deberán pagar 30.000 euros antes de 48 horas si no quieren ingresar en prisión. Los cinco fueron detenidos el lunes por la presunta malversación de fondos públicos en las obras del AVE en Barcelona, en las que habrían impuesto un sobrecoste de seis millones de euros a un incremento legal del presupuesto inicial, que era de 68 millones de euros, en la construcción de la plataforma del tramo Sagrera-Trinitat.

La jueza Silvia López Mejía, que se encarga de las pesquisas junto con los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo, interrogó ayer a los cinco detenidos (otros cinco fueron puestos en libertad el martes por la Guadia Civil) y decretó prisión con fianza para Rafael Rodríguez, director de alta velocidad de la zona noreste, que ha sido el máximo responsable de las obras del AVE a Barcelona; Jaime García Germán, gerente de la infraestructura de Adif y encargado del tramo bajo sospecha; y Eduardo Parcet, delegado en Catalunya de Corsán para obra civil. Los otros dos acusados, Isaac Calvo y José Luis Majarán, que trabajan en empresas de ingeniería que participaron en la construcción de la plataforma, quedaron en libertad con cargos.

AÚN NO HAN PAGADO

Durante su declaración, los detenidos insistieron en que los seis millones todavía no han sido pagados a la empresa constructora Corsán-Corviam (cuyo delegado en Catalunya para obra civil también fue arrestado), porque no se ha certificado la finalización de la obra, según fuentes jurídicas. Los imputados también negaron la existencia de sobornos en forma de viajes al extranjero.

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La fiscalía sostiene que los altos cargos de Adif favorecieron la adjudicación a la empresa Corsán de la construcción de la plataforma de la Sagrera y facilitaron un sobrecoste de los movimientos de terrenos en esa obra, realizada entre el 2008 y el 2012, por valor de seis millones de euros. Sin embargo, fuentes de la defensa aseguraron a este diario que ese dinero todavía no ha sido pagado a Corsán y, por lo tanto, no puede haber malversación. Y agregaron que la raíz del problema fueron los diferentes incrementos del presupuesto inicial. Al final, el coste de las obras era de 87 millones, tras diversas modificaciones presupuestarias que los acusados consideran legales.

Tanto los directivos de Adif como el delegado en Catalunya de Corsán negaron la existencia de sobornos en forma de viajes y hoteles de lujo en Aspen (Colorado).