Las telefónicas podrán expropiar azoteas para colocar antenas

La nueva ley general de telecomunicaciones, aprobada el pasado martes en el Congreso gracias a los votos de PP, PSOE y CiU, facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil «cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable». El objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan «acometer proyectos de gran envergadura» para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo (mbps) en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan llegar a velocidades superiores a 100 mbps.

La medida ha indignado a la oposición y ha disparado las alarmas entre las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética, que denuncian que se deja a los ciudadanos «desamparados» y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas. «Los tejados ya no son nuestros, y todo esto obedece a un desarrollo salvaje del sistema inalámbrico», denunció ayer Asunción Laso, miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) y presidenta de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Comunicaciones.

Laso explicó que en la anterior ley ya constaba la figura de la expropiación forzosa, pero apenas tenía relevancia y en la práctica era imposible aplicarla (no se ha dado ningún caso) si los ayuntamientos se oponían. «Ahora sí que la han puesto en valor y además han despojado de competencias a los municipios, ya que estas redes son consideradas determinaciones estructurantes, por lo que son obras de interés general, y están al mismo nivel que un hospital o que una carretera», afirmó la activista, que considera que esta ley «es un escándalo porque conculca derechos fundamentales».

En la nueva normativa se establece que el Gobierno y el resto de administraciones públicas «deberán colaborar a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas». Por ese motivo, las ordenanzas o la planificación urbanística municipal «no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público o privado de las operadoras», ni imponer itinerarios o ubicaciones concretos en los que instalar estas infraestructuras.

SIN LICENCIA MUNICIPAL / A partir de ahora, tampoco será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías puedan instalar las antenas, ni tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, ya que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente «un plan de despliegue o instalación de red en el que se contemplen dichas infraestructuras». Las compañías solo estarán obligadas a presentar una «declaración de responsabilidad» en la que certifiquen que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.

Chesús Yuste, ponente de Izquierda Plural en la comisión de Industria del Congreso, alertó de que hay artículos que parecen «redactados por los abogados de las compañías telefónicas, porque dejan a los vecinos a la intemperie sin mecanismos para defenderse ante la colocación de antenas». El dirigente de la Chunta Aragonesista aseguró que Izquierda Plural, que votó en contra de la normativa, está a favor del desarrollo de las nuevas tecnologías «pero no a cualquier precio».

El representante del PSOE en la comisión, Félix Lavilla, sostiene en cambio que se trata de una normativa «estratégica» para el país, razón por la cual le dieron su apoyo. «No es una ley nuestra, es del PP, pero es muy importante», destacó el diputado socialista, que aseguró que es «muy improbable» que puedan llevarse a cabo expropiaciones.

«La normativa apuesta por que se llegue a acuerdos con los particulares siempre que sea posible. Además, hemos obligado al Gobierno a hacer un seguimiento de la ley por si se producen excesos, pero las compañías necesitan seguridad jurídica para invertir», advirtió.