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La Asamblea Nacional francesa da el primer paso para prohibir las corridas de toros

Los animales, considerados hasta hoy por el país galo como "bienes muebles", han sido reconocidos como "seres vivos dotados de sensibilidad"

El torero Julián López El Juli se arrodilla ante su segundo toro durante una corrida celebrada en Nimes, Francia, en el 2001.

El torero Julián López El Juli se arrodilla ante su segundo toro durante una corrida celebrada en Nimes, Francia, en el 2001. / CHRISTOPHE SIMON (EPA)

La Alianza Anticorrida de Francia ha considerado como "un primer paso" que la Asamblea Nacional del país galo haya aprobado este miércoles un texto que reconoce a los toros como "seres vivos dotados de sensibilidad" y no como simples "bienes muebles". La entidad también ha insistido en que "actualmente, hay una verdadera petición de la población para obtener un nuevo estatuto jurídico para el animal".

Una sentencia que se queda corta

La medida responde a una petición lanzada hace un año por la fundación de defensa de los animales '30 Millones de Amigos', que apoyan diversas personalidades de todo el mundo. Sin embargo, la asociación subrayó que el texto aprobado por el legislativo francés se queda corto y recordó que "cerca de 700.000 franceses" han firmado una petición para que los animales obtengan un estatuto jurídico intermedio, entre los bienes muebles y las personas.

También desde la Fundación Brigitte Bardot, pilotada por la exactriz  -ferviente defensora de los animales-, valoraron de forma "muy, muy prudente" el cambio jurídico, que describieron como insuficiente. "No hay una verdadera voluntad de cambiar el estatuto del animal", ha declarado su portavoz, Christophe Marie, quien ha lamentado que no se aprobaran las enmiendas para prohibir las corridas de toros o la cría intensiva de animales.

Las corridas de toros tan solo son legales en el sur de Francia conforme a la Carta Magna gala, según una sentencia publicada en 2012 por el Consejo Constitucional. La decisión del máximo organismo judicial francés supuso un espaldarazo a la cultura taurina, arraigada en el sur del país, mientras que en el resto del territorio francés -el 90% restante- se considera maltrato animal, castigado con penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.


 

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