Pobre amparo contra la pobreza energética

El Gobierno catalán logró en diciembre comunicar una idea relevante, que fue celebrada en los titulares de prensa. No era para menos: un acuerdo entre CiU y ERC permitió aprobar un decreto que en teoría impide a las compañías cortar el suministro de electricidad y gas a personas en situación de pobreza durante los meses de más frío, de noviembre a marzo. Pero a Francesc Xavier Santos Romero esta norma no le ha servido de nada: el lunes le cortaron la luz. Este vecino de Girona, en paro y sin ingresos, cabeza de una familia monoparental formada por él y sus dos hijos varones de 14 y 9 años, agotó hace ya un mes la renta activa de inserción, que hasta entonces le reportaba 426 euros mensuales.

Sobre el papel, su condición de necesidad es exactamente la que se se supone que quería proteger dicho decreto. Santos ingresa menos de 569,12 euros (porque no cobra nada), el indicador de renta de suficiencia, límite fijado para acogerse. Pero no paga tarifa social de suministro. Y ahí está uno de los agujeros negros del decreto. No basta con tener pocos o ningún ingreso. Si los servicios sociales no han pedido para el usuario la tarifa o bono social, reducida, este no puede acogerse al amparo del decreto y evitar el corte de luz.

UNIVERSO DESCONOCIDO / Cuando nació el decreto, no pocas voces clamaron que el límite de ingresos para beneficiarse era demasiado bajo. Pero la condición añadida de estar acogido a una  tarifa social aumenta la restricción, el problema es que no se sabe hasta qué punto. Según Eva Campabadal, técnica de la entidad Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), bregada en el problema de la pobreza energética, nadie sabe de cuánta gente se compone el grupo: las compañías no dan esa información. En principio, no es difícil conseguir la tarifa reducida. Los servicios sociales lo piden para los usuarios. Pero, dice Campabadal que muchos trabajadores sociales no conocen esa ayuda. Como ejemplo, relata que el Ayuntamiento de Barcelona está formando ahora a los suyos al respecto. Para Campabadal es positivo que, aunque sea poca, haya gente que no pase frío este año gracias al decreto. En verano el problema es sostenible, aunque de hecho la pobreza energética supone no poder mantener un hogar entre los 18 y los 25 grados centígrados, en función de la época.

El caso es que falta tiempo para saber cuánta gente puede acogerse al amparo del decreto. Y luego llegará otro problema: cómo esas personas pagarán la deuda, aplazada pero no desaparecida. El recuento no será fácil. ABD hace el suyo. Pero en la Generalitat no hay ningún registro al respecto. La cifra la tienen que tener los servicios sociales y nadie se ocupa de recogerla.

UN PRIMER PASO / Los promotores del decreto sostienen que aun con lagunas es una primera piedra. La diputada de CiU Montserrat Ribera defiende la norma y cree lógico que haya que contar con una tarifa social para beneficiarse. Y admite que hay que difundir esa condición. Sobre si el decreto deja a demasiada gente fuera, apela a lo embrionario del asunto: «Venía el invierno y teníamos que tomar una medida de choque. El decreto es un primer paso».

ERC presionó para que el Govern lo emitiera, y el republicano Pere Bosch subraya que queda mucho por hacer. «Es la primera vez que se regula esta materia y tenemos las competencias que tenemos». La Generalitat no puede forzar a las compañías. Bosch dice que ERC intentará mejorar el texto y aumentar la protección en el marco del Pacto por la lucha contra la pobreza, que se está fraguando. «Hemos ido lentos, pero hemos abierto el grifo del tema». El diputado recuerda que su partido quería un umbral de ingresos más alto como límite y menos burocracia en el proceso. Y que las compañías no aplazaran los pagos sino que los asumieran. Seguirán remando en este camino, dice.

La diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz, define el decreto: «Ha sido más propagandístico que efectivo. Y hace como el Estado: pasa la patata caliente a los servicios sociales». Ortiz cifra en 2,4 millones los titulares de tarifas sociales en España. Dice que la cifra catalana no está desagregada. Se suma a la tesis de que se trata de una medida poco conocida entre gente a la que le iría muy bien.