11 jul 2020

Ir a contenido

Interior admite ahora que la Guardia Civil disparó al agua cartuchos de fogueo y pelotas de goma

El ministro sostiene que las muertes fueron en territorio marroquí y que las expulsiones fueron legales

La oposición en bloque cuestiona al ministro su política contra la inmigración en las fronteras con África

MAYKA NAVARRO / Madrid

El ministro del Interior ha reconocido el uso de material antidisturbios para reprimir la avalancha de inmigrantes en Ceuta. / JUAN MANUEL PRATS / VÍDEO: ATLAS

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reconocido este jueves que la Guardia Civil sí utilizó material antidisturbios durante el intento de entrada de un grupo de inmigrantes por Ceuta que costó la vida a varias personas. Según los últimos datos oficiales ofrecidos en la intervención del titular de Interior, la cifra oficial de fallecidos es de once inmigrantes, aunque durante su intervención, el ministro al principio aseguró que eran nueve las víctimas mortales.

En una comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso, el ministro ha reconocido lo que hasta ahora se había negado con insistencia, y es que los agentes si usaron material antidisturbios. Fernández Díaz aseguró que los agentes dispararon al mar, y lejos de los inmigrantes que intentaban con flotadores alcanzar la costa. Ante la insistencia de los portavoces de los grupos de la oposición para que detallara que tipo de material utilizó la Guardia Civil, el ministro detalló en su último turno de palabra, casi cinco horas después del inicio de la comisión, que los agentes utilizaron desde tierra pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humo. Siempre desde tierra, nunca desde la valla ni desde el mar, y con la única intención, según el ministro de "disuadir a los inmigrantes". Unos inmigrantes que según reconoció el propio ministro estaban exhaustos, no sabían nadar, algunos llevaban unos flotadores o chalecos que se desinflaban, por lo que el responsable de la Guardia Civil al mando del operativo, ordenó que se dejara de disparar y se auxilió a los inmigrantes "porque se entendió que se podía poner en riesgo sus vidas".

Durante su comparecencia, el ministro ha admitido que la Guardia Civil creó una "barrera disuasoria" para evitar que los subsaharianos llegaran a España a nado. El ministro ha insistido en que las autopsias realizadas hasta ahora han revelado que todas las muertes se produjeron por "sumersión" sin que haya indicios alguna de violencia, lo que indicaría, según el ministro, que no fueron alcanzados por las pelotas de goma que lanzaron los agentes al agua. Fernández Díaz ha adelantado, a falta de la investigación judicial que se ha iniciado tras la denuncia de una veintena de onegés, que las muertes se produjeron, en territorio marroquí, pero como consecuencia de la avalancha humana que se produjo.

También rechazó el ministro las acusaciones de que las devoluciones vulneraran la Ley de Extranjería. Y ha defendido que no habían entrado en España, por eso la devolución, insistió, no fue en caliente, una práctica que calificó de "irregular". Y en este punto, el ministro se ha enredado con una nueva definición del territorio español en Ceuta, provocando que el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Olabarría, le advirtiera que si las fronteras han cambiado "avísenos porque puede traer consecuencias colaterales en el derecho de autodeterminación".

En su intervención, con ese uso barroco del lenguaje del que el ministro de Interior hace gala, Fernández Díaz ha enarbolado un nuevo concepto de frontera, que no es geográfico sino jurídico. Es decir, en Ceuta, "la geografía cede ante un concepto jurídico". Fernández Díaz explicaba así el mecanismo utilizado para entregar a Marruecos a los 23 inmigrantes que sí que llegaron alcanzar a nado España y pisaron la playa del Tarajal, la madrugada del 6 de febrero. Aquella mañana unos 250 inmigrantes intentaron entrar en Ceuta, primero por tierra y luego por mar. Ninguno lo logró, salvo un pequeño grupo de 23 que sí que pisó territorio español, como se pudo apreciar en un vídeo grabado por un espontáneo, y que provocó que el ministerio del Interior alterara su primera versión de los hechos.

Según el relato del titular de Interior, el grupo de inmigrantes logró su objetivo porque los guardias civiles no pudieron repeler su entrada en el mar para no poner en peligro sus vidas. Ahora bien, aunque en el vídeo se ve perfectamente que los inmigrantes pisan la playa ceutí del Tarajal, a la que llegan exhaustos, a juicio del ministro, no lograron entrar en España porque no rebasaron el control policial de la Guardia Civil. "El Estado retrotrae la línea de vigilancia hasta un escenario seguro que no es otra que la del agua. No constituye entrada ilegal la cual sólo queda consumada si se rebasa la línea de vigilancia establecida. No entraron porque no rebasaron el control policial", ha manifestado.

Los grupos de la oposición han censurado que el ministro haya asegurado que la frontera no se encuentra en un lugar geográfico sino donde esté situada la barrera de la policía o la guardia civil. Algunos de los portavoces han calificado esta explicación de "esotérica". "Si las fronteras están tan difusas, algunos podrían admitir el derecho de autodeterminación",  insistió Emilio Olabarría.

"¿Dónde empieza España? ¿A las espaldas de la Guardia Civil? España no empieza donde quiera la Guardia Civil", se ha preguntado el parlamentario Ricardo Sixto, de La Izquierda Plural.

La explicación del ministro intentó justificar las devoluciones inmediatas que se produjeron con los 23 inmigrantes que pisaron la playa del Tarajal como "rechazos en frontera". Es lo mismo que ocurre en la valla de Melilla y que ha provocado las críticas de las oenegés. Cuando los inmigrantes logran saltar la valla, si son capturados por la Guardia Civil, incluso tras una persecución, estas personas son expulsadas inmediatamente por una puerta de la valla. Los mandos de la Guardia Civil de Melilla entienden que ese es el protocolo de actuación que tienen desde hace años, y que es legal.

Sin embargo, la propia Ley de Extranjería, en su artículo 26, también contempla que en los casos de rechazos en frontera los inmigrantes tengan derecho a un abogado, a un traductor y a pedir asilo.