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Tráfico de niños

La fiscalía considera que el bebé que tuvo Alfonsa no fue robado

No ve detención ilegal, pero sí una adopción ilegal conocida por la madre y que ya habría prescrito

La querellante critica que el juez haya archivado el caso sin tomar declaraciones y pide que se reabra

J. G. ALBALAT / V. VARGAS LLAMAS / Barcelona

La Fiscalía de Barcelona no considera que el bebé de Alfonsa Reinoso fuera robado en junio de 1987 en la clínica Dexeus de Barcelona, por lo que descarta la existencia de un delito de detención ilegal, pero sostiene que hay «abundantes elementos probatorios» que permiten acreditar la existencia de una adopción ilegal. Sin embargo, este delito, a diferencia del anterior, estaría prescrito y, según el fiscal, habría sido consentido por la querellante.

El fiscal Luis Brun ha recurrido la decisión del juez de archivar el proceso, pero solo en base a una cuestión jurídica, y solicita que sea sobreseído de otra manera. Discrepa del magistrado porque este dice  que la sustracción de menores no puede encuadrarse en el delito de detención ilegal. Brun sigue la consignas de la Fiscalía General, que en una circular ha defendido que se investigaran dichos casos por este delito concreto, evitando así que se pudiera argumentar la prescripción para paralizar las investigaciones.

El recurso del fiscal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, expone que de la investigación realizada por la policía (el juez ha archivado el caso sin tomar declaración nadie) ha quedado acreditado de forma «suficiente y racional» que no se produjo una sustracción de la menor, que tras nacer fue acogida y después adoptada por el matrimonio formado por Jordi Estivill y Cristina Rimbau,

El ministerio público sostiene que las afirmaciones de Alfonsa Reinoso de que no tuvo nunca la intención de entregar en adopción al bebé y que la niña le fue arrebatada con el engaño de que había nacido muerta «se han visto frontalmente contradichas» por las conclusiones establecidas por el informe policial. Y también, no solo por las declaraciones de los cuatro querellados e imputados por la policía, sino también por las de testigos que tienen la obligación de decir la verdad.

EL INFORME DE LA QUERELLADA / Para defender la inexistencia de la sustracción de la menor, el fiscal argumenta que la querellada Mercedes Porrera, que era directora de la residencia católica Casa de la Jove, donde residió Alfonsa durante su último mes de embarazo, remitió a los dos meses del parto un informe al Servicio Territorial de Protección y Tutela de Menores en el que hacía constar que la adolescente embarazada había acudido en compañía de una abogada para informar de que querían dar en adopción al bebé. En este mismo sentido, destaca la carta de la madre de Alfonsa en la que autorizaba el alojamiento de la menor en la Casa de la Jove. Sin embargo, reconoce que la joven estaba tutelada por la Administración, por lo que su madre no podía adoptar legalmente ese tipo de decisiones.

Entre las personas que no han avalado la versión de Alfonsa se encuentra María Asunción Guanyabens, que aseguró en su interrogatorio que Alfonsa, que a los 14 años fue apartada de sus padres por el Tribunal Tutelar de Menores, tenía la intención de dar a su hija en adopción a una buena familia. Esta mujer afirmó que había acompañado a la adolescente a varias visitas médicas, así como al parto, para hacer un favor a una amiga. Francisca Ferragut, vinculada a un hotel de Calella y conocida de la madre de Alfonsa, declaró ante la policía que la progenitora de la adolescente le pidió que se quedara con el bebé que esperaba su hija y, al negarse esta, le pidió ayuda para que les buscase una familia que estuviera interesada en la adopción. Por ello, contactó con Asunción Guanyabens. Agregó que la madre de Alfonsa, Dulcenombre Cervilla, le dijo tras el parto que había recibido 50.000 pesetas y un viaje a Mallorca por lo que había pasado durante el embarazo.

PRUEBAS SUFICIENTES / El fiscal admite que no se ha hallado ningún documento de cesión de la recién nacida firmado por Alfonsa y, por ello, a su juicio, hay «abundantes elementos probatorios» que permiten sostener que hay indicios de la existencia de una adopción irregular, aunque «conocida y consentida por Alfonsa y su familia». A pesar de ello, recuerda que los hechos ocurrieron en 1987 y estarían prescritos.

Alfonsa presentará un recurso contra el archivo del proceso. Su abogado, Antoni Julià, aseguró que no se pueden considerar actos de instrucción de una causa unas declaraciones policiales en las que no ha podido participar y donde los agentes «han omitido hechos y circunstancias de gran trascendencia». El letrado insistió en que el juez solo se ha basado en el testimonio de dos personas y un informe escrito por la que era directora de la Casa de la Jove, que es una de las querelladas.

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