«Se han inventado un segundo recorte»

Claudia es «la alegría de casa». Lo dice su padre, Ferran Gil, mientras muestra una carpeta llena de documentos que, según denuncia, demuestran que la Generalitat les está aplicando a ellos y a otras familias un tijeretazo adicional «que se han inventado» en las ayudas de la ley de dependencia. Un segundo recorte que Gil dice que se ha llevado a cabo aprovechando la normativa que aprobó el Gobierno del PP en el 2012 para reducir las prestaciones en un 15%.

La risueña Claudia tiene 11 años y sufre una parálisis cerebral desde su nacimiento que le impide valerse por sí misma. En el 2007, la Generalitat resolvió que la niña padece un grado de disminución (física y psíquica) del 76%. En la notificación oficial se establece que el reconocimiento del grado de disminución «tiene un carácter definitivo». Ese mismo año, esta familia de Palafrugell (Baix Empordà) empezó a cobrar 520,69 euros al mes, ya que la madre, Núria Portas, asumió la condición de cuidadora no profesional de su hija, clasificada en el grado y nivel máximos de dependencia.

Tras el tijeretazo de Rajoy, a partir de agosto del 2012 la familia pasó a percibir 442,59 euros al mes, hasta que a finales del año pasado la Conselleria de Benestar i Família les comunicó que, debido a la modificación del acuerdo del Programa Individual de Atención (PIA) que afectaba a su hija, en aplicación del mencionado real decreto 20/2012, la nueva cantidad que les toca percibir es de 387,64 euros, con el agravante de que, desde que entró en vigor el recorte del PP, la Administración ha dejado de hacerse cargo del seguro de autónomos de los cuidadores (unos 160 euros al mes), quienes ahora han de pagarlo de su bolsillo.

CASILLA MARCADA / Ferran Gil, que está en paro y a punto de agotar el subsidio, se negó a firmar el nuevo acuerdo PIA que le presentó una funcionaria de Benestar Social. Un impreso que  tiene la casilla de aceptación ya marcada. «Ya no es por el dinero, es una cuestión de dignidad», lamenta Gil, que ha presentado una reclamación.

La conselleria afirma que la familia no dejará de percibir la prestación aunque no haya firmado e insiste en que el segundo recorte viene establecido por la ley, que obliga a revisar periódicamente los acuerdos de los menores. Y es tras esa revisión cuando se les reclasifica como nuevos beneficiarios (que cobran menos), a pesar de que, como en el caso de Claudia, haga años que percibe la ayuda, o tengan reconocida una disminución definitiva.