FAMILIA BERTRAN VIDIELLA / TARRAGONA

«Nos dicen que no nos quejemos»

La cuarta pata del estado del bienestar cojea ostensiblemente. Prestaciones adeudadas desde hace años, ayudas jibarizadas, reclamaciones de devolución... El hachazo presupuestario y el consiguiente frenazo en la aplicación de la ley de la dependencia no solo es un paso atrás colectivo. En muchos hogares de Catalunya, es un drama muy concreto. Estos cuatro testimonios dan fe de ello.

JANIRA GÓMEZ MUÑOZ

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En espera desde el 2011. Las reclamaciones y llamadas («con música y contestador») a la Conselleria de Benestar Social han sido infructuosas para Josep Maria Bertran y su familia. Después de numerosos trámites, dominan con exactitud el repertorio de respuestas que han ido acumulando: «Nos lo miraremos. No hay dinero. Esta reclamación no es urgente. Les llamaremos», relata este gerente de un comercio, de 52 años y vecino de Tarragona. Lo único que desean es recibir lo que consideran que les pertenece: una ayuda a la dependencia, reconocida pero con retrasos, de un familiar ya fallecido. «Nos dicen que no nos quejemos porque ella ya no está. No está, pero en su momento pasamos nuestros apuros», se lamenta Josep Maria.

Una demencia senil hizo que la madre de Josep Maria, Carme Vidiella, solicitara apoyo económico. Por los síntomas que le habían detectado, primero le reconocieron una dependencia moderada (antes llamada dependencia de grado I, nivel 1), pero rápidamente pasó a gran dependencia (grado III, nivel 2). La hermana de Josep Maria, que también se llama Carme, tampoco tuvo problema para que la aceptasen como cuidadora no profesional, por lo que en marzo del 2010 tenía que empezar a percibir 416,98 euros mensuales. Sin embargo, los pagos no comenzarían a llegar hasta mayo del año siguiente. Catorce meses más tarde. «Pensábamos que a partir de entonces irían regularizando los retrasos, un poco cada mes -indica Josep Maria-, pero no fue así». La Generalitat les envió una carta reconociendo la deuda: 5.428 euros, a pagar en cinco plazos anuales a partir del 2012. Pero en noviembre del 2011, Carme  falleció con 81 años.

SIN RECURSOS / Desde entonces la familia espera el pago. La conselleria les dijo en principio que llegarían en el 2012, una vez reconocidos como herederos, pero… «'No hay dinero'. Nos escandalizó que nos dijeran eso». Sí hay recortes.

A Josep Maria también le indignó que Benestar Social sí reaccionara con rapidez para reclamarle 197 euros tras la muerte de su suegro. «Me localizaron al mes siguiente. Según ellos, todos debemos conocer la ley, pero en el caso de mi madre no se está haciendo así».

Por todo ello, Josep Maria sentencia: «Queremos que la Generalitat asuma su responsabilidad, su deuda. No lo vamos a dejar pasar, porque esa ayuda le correspondía a mi madre y ese dinero ya lo invertimos en cuidarla. Es nuestro, y a cada uno lo  suyo».