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polémica por un modelo industrial

El basurero de Catalunya

Tarragona se queja de que concentra la mayor parte de las industrias de riesgo

La provincia reclama como compensación la mejora de carreteras y la red ferroviaria

RAFAEL MORALES / TARRAGONA
SÍLVIA BERBÍS / TORTOSA

Tarragona es el basurero de Catalunya, según el lamento recurrente de las fuerzas políticas y sociales de la provincia catalana del sur. Es una queja que ha ido creciendo con el tiempo, pero que se cimentó hace más de 30 años con la actividad de las centrales nucleares de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) y Ascó (Ribera d'Ebre) y se remonta a un siglo. Es el tiempo que ha estado contaminando el Ebro la planta electroquímica, actualmente propiedad de Ercros, a la altura de Flix (Ribera d'Ebre). Esta semana, la queja se ha vuelto a recrudecer tras la información publicada por EL PERIÓDICO de que la empresa Grecat, de Constantí (Tarragonès), se ha postulado para eliminar restos de las armas químicas procedentes de Siria.

«Este territorio tiene un sentimiento de agravio que no debe paralizar nuestra capacidad de hacer cosas, pero es muy evidente que solo sumamos para que nos traigan aquello que otros no quieren», afirma el alcalde de la capital, Josep Fèlix Ballesteros (PSC). «No puede ser que Tarragona siga siendo la cloaca de Catalunya», explica Ángel Juárez, presidente del Centre d'Iniciatives Ecològiques (CIE), que agrupa a más de 70 entidades sociales y vecinales. Es también la única entidad de la sociedad civil con representación en la comisión de información de la empresa Grecat (Gestió de Residus Especials de Catalunya, SA), que gestiona la moderna planta de Constantí, con capital mixto y mayoría de la Generalitat. La delegación del Govern en Tarragona que dirige Joaquim Nin no ha querido pronunciarse.

Tarragona concentra al norte y al sur de la capital uno de los polos petroquímicos más importantes del sur de Europa, con una refinería de petróleo incluida; tiene tres centrales nucleares y otra (Vandellòs 1) en fase de desmantelamiento desde que en 1989 registró el mayor accidente nuclear de España. Y hay que sumar otras cuatro plantas de electricidad de ciclo combinado; los pozos petrolíferos de Repsol situados frente al delta del Ebro; uno de los puertos industriales con más actividad de España; la incineradora de residuos químicos de Constantí y el almacén subterráneo de gas Castor frente a la costa del río Sénia (la planta terrestre está en Castellón), que hizo temblar el sur de Tarragona a finales del 2013.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA / «Más que de un basurero, estamos hablando de instalaciones que son productivas y a la vez conllevan un impacto ambiental que puede causar conflictividad. El riesgo y el beneficio son dos caras de la misma moneda», afirma Jordi Prades, estudioso de conflicto ambiental en la Universitat Rovira i Virgili (URV).

La producción energética representa el 90% de todo el sector industrial de la Ribera d'Ebre. De hecho, resulta extraordinario que el 57% del PIB de esa comarca proceda de la producción de energía. La central de gas combinado y la nuclear de Vandellòs suman el 54% de la producción industrial del Baix Camp. Los sectores químico y petroquímico concentrados en la comarca del Tarragonès representan en la actualidad el 26% de su PIB total, explica Juan Antonio Duro, catedrático del Economía de la URV. «Estos sectores tienen un impacto total superior en cada comarca al que evidencian esos datos», añade.

«Barcelona es el centro del poder político; Lleida, el granero; Girona, el polo turístico, y Tarragona, el patio trasero», describe el profesor del departamento de Geografía de la URV y portavoz de la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya, Sergi Saladié.

La capacidad de protesta de la población empezó a cambiar, según Saladié, a partir del año 2000 con el  proyecto de la multinacional energética Enron para ubicarse en Móra la Nova (Ribera d'Ebre). «La población consideró que ya se había alcanzado el límite de lo asumible». Es la reacción NIMBY (Not In My Back Yard, no en mi patio trasero) de rechazo ciudadano a los riesgos de actividades percibidas como peligrosas.

Las movilizaciones reivindicativas de las últimas décadas vienen a corroborar la argumentación de Saladié. Los trasvases de agua del Ebro, la oferta para ubicar en Ascó el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares o la lucha contra el plan de residuos de la Generalitat de finales de los años 80 han protagonizado algunos de los movimientos vecinales más significativos. El plan de residuos no se aplicó como estaba previsto, Enron no se implantó y el ATC se adjudicó a Ascó.

Por ello, algunos protagonistas de esos movimientos tachan ahora de cínicos a los políticos que critican  que los residuos resultantes del tratamiento de los gases sarín y mostaza de Siria puedan acabar gestionándose en Constantí. «Deberían quejarse, primero, de que exista una planta de residuos peligrosos que funciona desde hace más de 20 años y preguntarse cómo han invertido las compensaciones económicas recibidas», dicen.

«Tenemos que felicitarnos de nuestra situación económica e industrial, a pesar de que puede acabar desapareciendo», afirma Rafael Vidal (CiU), alcalde de Ascó. Esta población de 1.650 habitantes ha visto transformada su actividad agrícola tradicional por los réditos que le ha reportado el monocultivo de sus dos centrales nucleares. El presupuesto municipal del 2014 asciende a 13,9 millones de euros, de los que 12,4 millones se ingresarán con los impuestos y fondos derivados de las nucleares.

El alcalde de Vandellòs i l'Hospi-talet de l'Infant, Alfons Garcia (PSC), explica que el ayuntamiento está invirtiendo los recursos procedentes de la actividad nuclear «en la diversificación económica del municipio para afrontar el futuro con garantías». El consistorio es consciente, destaca, de que «estos ingresos tienen una duración limitada». Los casi nueve millones que recibe de las nucleares suponen más del 51% del presupuesto municipal.

Pero en el territorio también hay quejas de que no han recibido las compensaciones adecuadas. Desde las cámaras de comercio a las fuerzas políticas y sociales, todos reclaman infraestructuras que consideran fundamentales para el desarrollo económico y social. Se refieren, esencialmente, a la construcción de carreteras como la autovía A-27, para conectar la capital y la costa con el interior, pero también al corredor mediterráneo y a la mejora de una red ferroviaria de cercanías que consideran la peor de Catalunya.

«Las inversiones que tendrían que llegar y no llegan ascienden a unos 1.200 millones de euros, si incluimos el trazado definitivo del corredor mediterráneo, la fachada marítima de la ciudad y la A-27», resume el alcalde de Tarragona.

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