NUEVO RECORTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Gobierno restringe la sanidad a los españoles emigrantes

Solo ampara a los parados que conservan la residencia española y los estudiantes reglados

Sanidad asegura que intenta evitar abusos de extranjeros con papeles que han dejado el país

Dos personas se dirigen con un cochecito de bebé a la puerta de entrada del hospital de Chambéry, en los Alpes franceses.

Dos personas se dirigen con un cochecito de bebé a la puerta de entrada del hospital de Chambéry, en los Alpes franceses. / AFP / PHILIPPE DESMAZES

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Las personas que pasen más de 90 días al año en el extranjero (en la UE y otros países con convenios sanitarios con España) lo tendrán más dificil para mantener la tarjeta sanitaria española. La restricción, publicada el 26 de diciembre en el BOE, vincula el «derecho a la asistencia sanitaria» al hecho de «residir en España», de forma que una vez pasados tres meses fuera del país, el ciudadano, según los ministerios de Sanidad y de Empleo y Seguridad Social, dependerá del sistema de salud del país en que resida.

La orden, pese a los pases de pelota entre los departamentos de Ana Mato y Fátima Báñez, supone que los residentes en el extranjero que no coticen en España, trabajen o no en el país donde viven, perderán su  derecho a la sanidad española, salvo que reúnan determinados requisitos. Hasta ahora, si una persona tenía residencia española y tarjeta sanitaria y partía al extranjero, durante el periodo que fuera, España se hacía cargo de su atención médica. Ahora dejará de hacerlo y el ciudadano deberá pagársela si, pasados 90 días, no cumple dichos requisitos. Y una vez regrese a España, tendrá que recuperar la residencia para lograr de nuevo la tarjeta sanitaria.

LA JUSTIFICACIÓN

Ambos ministerios no han explicado cómo van a gestionar el cambio normativo, pero defienden que el derecho a la asistencia sanitaria está ligado al empleo en todos los países comunitarios. Una portavoz de Sanidad justificó la medida para poner fin a supuestos abusos de ciudadanos extranjeros que han estado trabajando en España y que, en el paro y una vez agotada la prestación, «podrían regresar a sus países o ir a cualquiera de la UE y seguir cubiertos por la sanidad española». La medida persigue, según el Gobierno, ahorrar «gastos indebidos» al sistema español, aún sin cuantificar.

La medida ha alertado especialmente a los españoles que están estudiando en Europa y a los parados que buscan trabajo fuera y no lo encuentran o trabajan en negro. Los primeros, según Sanidad, seguirán conservando su tarjeta sanitaria siempre que cursen estudios homologados o becados. En el caso de los parados sin subsidio, para mantener la tarjeta deberán mantener la residencia en España, al menos oficialmente, para poder seguir siendo atendidos pasados los 90 días tanto en España como en el país de acogida, según el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno.

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Empleo no tiene, de momento, ningún mecanismo para controlar y aplicar la medida. Pero puede detectar si el parado de larga duración se inscribe en un consulado, pierde la tarjeta, acude a renovarla o se cruza el dato de los beneficiarios en el extranjero con el de los parados sin prestación. La tarjeta sanitaria europea tiene una validez de dos años y, al renovarla, es comprobable la situación personal.

El PP y Sanidad insisten en que la recuperación del derecho es «inmediata» en cuanto el emigrante regresa a España. La oposición no lo ve tan claro y  augura un calvario burocrático a los miles de afectados.