Un decreto del Govern impide cortar gas y luz a familias pobres

El Govern aprobó ayer un decreto que impedirá en adelante que las empresas suministradoras de gas y electricidad corten el servicio a familias sin recursos económicos durante los meses más fríos del año, en concreto entre noviembre y marzo. La medida llega en un contexto de crisis que sin duda ha incrementado el número los hogares que se ven obligados a controlar el gasto de energía, o que sencillamente ya no pueden pagar por calentar su casa.

El decreto sirve de colofón a semanas de negociación entre partidos, ya que la iniciativa de combatir los efectos de la llamada pobreza energética viene de lejos y de varios partidos. En principio, debía quedar regulada como una reforma del código catalán de consumo, dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos, pero ante la constatación de que esa norma se retrasará un tanto, el Ejecutivo catalán optó por tomar la decisión por decreto para evitar más dilaciones.

INDICADOR DE RENTA / La medida está dirigida a proteger a un sector que vive en condiciones muy precarias, un colectivo acotado. Una línea define qué hogares podrán acogerse a esta especie de moratoria: las unidades familiares con unos ingresos iguales o inferiores al indicador de renta de suficiencia, fijado para el 2014 en 569,12 euros mensuales. Si la familia cuenta con tres miembros, se sumará un 30% a la cantidad. Además, los beneficiarios deberán acreditar que las tarifas contratadas responden a la tarifa social prevista por ley. Los afectados tendrán diez días desde que reciban un aviso de corte de suministro para presentar un informe de servicios sociales que acredite su situación.

Que no se pueda cortar suministros en época de frío es algo que ya sucede en otros países europeos hace muchos años, y que CiU y ERC han acordado después de que otros también se interesaran por la cuestión, como ICV o el propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Francina Planas, de la entidad Vincle, que atiende a personas socialmente excluidas, tiene claro que había que actuar y que el de la pobreza energética es un problema creciente. No entra en qué requisitos se deben acreditar, pero señala uno que le parece indiscutible, el de las familias con niños: «Los adultos tampoco, pero ningún niño tendría que pasar frío, como ningún niño debería pasar hambre. Son necesarias opciones más contundentes».

Aunque las suministradoras se comprometieron a dar cumplimiento a esta norma, no está del todo claro que tengan la obligación legal de hacerlo. La competencia en consumo es exclusiva de Catalunya, y por esa parte parece que las firmas tendrían que obedecer. Pero la competencia en energía es compartida, siendo la de la Administración central jerárquicamente superior a la de la Generalitat.