Mato contrata a un exconsejero de Sanidad de Madrid imputado

Otra vuelta de tuerca en las polémicas en torno a la sanidad madrileña, en esta ocasión con Ana Mato de por medio. El Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa privada que preside el exconsejero de Sanidad de Madrid (2003-07) Manuel Lamela para que, por 36.000 y 46.000 euros, respectivamente, cambie el modelo de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, los únicos que dependen totalmente del Gobierno central. Pese a que el ministerio cuenta con un órgano, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que lo haría a coste cero.

Fuentes del ministerio aseguraron que la empresa Business Assessment Plans and Projects Healthcare fue la que mejor oferta presentó y que no tenían «ni idea» de la participación en ella de Lamela. «El proceso ha sido escrupulosamente legal», defendieron. No obstante, tanto la ministra Mato como el actual consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, eludieron pronunciarse.

OTROS DOS EXALTOS CARGOS / Durante su mandato -también marcado por el escándalo de las acusaciones que vertió de supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés-, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, Lamela puso en marcha la privatización sanitaria en Madrid. Un proceso por el que está imputado porque la justicia considera que pudo cometer tráfico de influencias y prevaricación, ya que acabó gestionando los hospitales que el mismo privatizó. Además, otros dos exaltos cargos de la Consejería de Sanidad, Germán Rasilla, encargado de infraestructuras sanitarias, y José Fernández Ordás, de la farmacia, forman también parte de la empresa.

Aunque los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla aseguraron que el contrato es una simple auditoría «para ver cómo funcionan» y que no hay ninguna privatización prevista, asociaciones de médicos, sindicatos y el PSOE tacharon la contratación de «escandalosa» y de «despilfarro». «Se trata de una privatización encubierta para dar una entrada discreta al capital privado», denunció Marciano Sanchez-Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Para el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, es una muestra más por parte del PP del uso de la Administración para hacer negocios. «Es una vergüenza la utilización de lo que es de todos para el negocio de unos pocos. Mato tenía que haber dimitido hace mucho tiempo». La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, consideró el fichaje una «falta de ética inadmisible»  y pidió la comparecencia urgente de Mato en el Congreso.