Sentencia por un desastre ecológico 11 años después
La justicia decide por fin quién paga la factura del 'Prestige'
Once años después del hundimiento del petrolero Prestige, la justicia española decidirá hoy quiénes son los responsables penales de la mayor catástrofe ambiental de la historia de España y quién pagará la factura del desastre.
El macrojuicio, que arrancó en octubre del año pasado tras casi 10 años de tediosa instrucción, solo ha sentado en el banco de los acusados al capitán, el griego Apostolos Mangouras, a su jefe de máquinas y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors. Un banquillo con demasiadas ausencias a criterio de una sociedad gallega que ha presenciado durante estos años cómo los políticos eludían sus responsabilidades y a los gobiernos de turno solo les preocupaba no asumir la factura de los costes. Hoy, el juicio apenas genera expectación. Tantos años después, no hay sensación de que se vaya a hacer justicia.
Justo hoy se cumplen 11 años del día en que el Prestige lanzó su primer SOS frente a las costas gallegas, en medio de un temporal, escorado y con una vía de agua en su casco, para acabar naufragando seis días después. Poco antes del mediodía se sabrá si el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, se conforma solo con la condena al viejo Mangouras, de 78 años. El fiscal Álvaro García ya advirtió en su alegato final que su objetivo no era volverle a ver en la cárcel, pese a que mantuvo la petición de 12 años por su negligencia al comandar un barco en ese estado y desobedecer en las primeras horas a los gestores que le ordenaban que permitiera arrastrar al petrolero lejos de la costa.
En julio pasado, al acabar el juicio, el presidente del tribunal, integrado por tres magistrados, hizo unas declaraciones en las que ya dio pistas sobre sus intenciones al lamentar que no hubiera más acusados. El tribunal parecía inclinarse a convertir a España en responsable de la catástrofe y condenar junto al capitán al exdirector general de la Marina Mercante. Desde entonces han pasado cuatro meses de deliberaciones y nadie se atreve a aventurar lo que puede ocurrir hoy.
CALDERILLA / El desastre costó casi 4.328 millones de euros, según cálculos de la fiscalía. El Gobierno ya hizo frente a la mayor parte de los gastos, aunque hay indemnizaciones pendientes de afectados que no llegaron a ningún acuerdo y están presentes en el juicio como acusación.
La condena de López Sors pondría en evidencia la gestión de la crisis que hizo el Gobierno de José María Aznar con Mariano Rajoy de vicepresidente. Si sale absuelto, calculadora en mano, el fiscal pretende que pague la aseguradora británica del barco, el London P&I Club. El armador tenía suscrita con esta compañía una póliza de hasta 1.000 millones, de los que hasta ahora solo ha abonado 22 como fianza. La muestra de que no quieren pagar más es que hace unos meses, armador y aseguradora blindaron su responsabilidad civil en esos 22 millones mediante un arbitraje en Londres que España no reconoce.
Pero el fiscal entiende que una condena penal rompe cualquier límite de una indemnización. Y crearía un precedente que el potente lobi marítimo observa con preocupación. A la cifra de la aseguradora se sumarían los 151 millones del Fidac, el Fondo Internacional para Compensación de Daños de Hidrocarburos. Una calderilla.
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