Bruselas quiere acabar con las bolsas de plástico finas
La Comisión Europea quiere reducir drásticamente el uso de bolsas de plástico finas (menos de 0,05 milímetros de espesor) en la Unión Europea (UE) porque constituyen un grave peligro de contaminación medioambiental y en especial en el medio marino para aves y peces. Por ello, el Ejecutivo comunitario ha propuesto a los 28 países de la UE una reforma de la directiva sobre embalajes y desechos de embalajes que obligarán a los gobiernos a fijar unos objetivos nacionales de reducción de esas bolsas finas y a adoptar medidas para lograrlo, como la prohibición de las mismas, la restricción de su uso o la imposición de tasas que penalicen su uso.
Cada año se ponen en circulación en la UE unos 98.600 millones de bolsas de plástico con asas, de las cuales la gran mayoría corresponde a las bolsas ligeras que no son reutilizadas. Al menos unos 8.000 millones al año acaban contaminando el medio ambiente y las aguas costeras, ya que no son biodegradables y su material tiene una duración de siglos, según ha señalado el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. La Comisión Europea quiere fomentar el uso de las bolsas de plástico más gruesas reutilizables.
Cada ciudadano europeo utiliza de media al año 175 bolsas de plástico ligeras, ha asegurado Potocnik, aunque la proporción varía mucho de un estado a otro. El comisario ha destacado el carácter modélico en este ámbito de Dinamarca y Finlandia, que han logrado reducir el uso de las bolsas de plástico ligeras a sólo 4 por habitante al año. En el otro extremo se encuentran países como Polonia y Portugal, cuyos habitantes utilizan 466 bolsas de este tipo al año. España, donde el uso de estas bolsas está penalizado en los supermercados, se encuentra en un nivel medio, con 120 bolsas al año por habitante pero por debajo de la citada media europea.
La Comisión Europea no ha querido fijar unos objetivos cuantificados de reducción de las bolsas de plástico ligeras en circulación, sino que ha dejado la fijación de esos objetivos en manos de los estados. Pero una vez fijados, el Ejecutivo comunitario velará para que se respeten.
La propuesta debe ahora ser discutida y aprobada por los Veintiocho en el Consejo de Ministros de la UE y por el Parlamento Europeo. Las medidas entrarían en vigor dos años después de su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la UE.
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