Justícia exigirá a partir del 2014 traductores titulados en los juicios

La Conselleria de Justícia intentará evitar que a los juicios acudan como traductores personas que apenas tengan cualificación para realizar esa labor. Las principales asociaciones de jueces, fiscales y abogados han denunciado que en ocasiones las empresas concesionarias del servicio envían a las vistas orales a traductores sin conocimientos ni formación, como informó ayer y anteayer EL PERIÓDICO.

Fuentes del departamento que dirige Germà Gordó avanzaron a este diario que, en la próxima licitación del servicio de interpretaciones judiciales, se exigirá que los traductores dispongan de una titulación que les acredite.

En el pliego de condiciones del próximo concurso, que se realizará en el 2014, a los traductores de los idiomas de más utilización se les pedirá que acrediten el dominio de idiomas mediante titulaciones académicas, según las mismas fuentes. En el último concurso, que se celebró el 2009, las bases eran mucho menos exigentes y solo se establecía que el personal que las empresas envía a traducir «habrá de contar con conocimientos suficientes». Este endurecimiento de las condiciones se introduce, según Justícia, para conseguir una mejora en la prestación del servicio.

La Oficina Antrifrau, dependiente del Parlament de Catalunya, está investigando precisamente la concesión que Justícia hizo a la empresa Seprotec en el 2009 pese a las falsedades que se constataron en su oferta del año anterior, concretamente respecto a la cifra de traductores jurados y titulados de que disponía.

EL GOVERN RECHAZA LAS CRÍTICAS / No obstante, fuentes del departamento de Justícia insisten en que el servicio de traducción en los juzgados de Catalunya es bueno y que, de las 28.783 traducciones e interpretaciones en 62 idiomas diferentes que se realizaron el año pasado apenas hubo 15 quejas formales. La empresa concesionaria, Seprotec Multilingual Solutions, rechazó de plano las críticas a la calidad de sus traducciones.

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Las asociaciones de traductores piden que ese cambio vaya acompañado de un control estricto. Anette Emmermann, secretaria de la Asociación de Traductores Profesionales de Girona (ATIP), comenta que «es esencial que se exija a la empresa que presente la titulación de los traductores». «Pero no basta. Hay que exigir que la empresa incluya un escrito con el consentimiento de cada traductor para ser incluido en la oferta, pues hay precedentes en que las empresas usan el nombre de traductores jurados o titulados que no trabajan para ellos», comenta.

REGISTRO Y EXAMEN / José Luis Díez, presidente de la Asociació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), opina por su parte que «exigir una titulación no arregla el problema si la gestión sigue privatizada».  En su opinión, el método que mejor garantiza la calidad de la traducción «pasa por la gestión pública: que los juzgados tengan un registro de traductores titulados y que les llamen». Para ingresar en esa lista habría que superar unas pruebas impuestas por la Administración, que así se garantizaría el nivel de cualquier traductor al que recurriera para un juicio.