Los juristas alertan del bajo nivel de la traducción judicial

"Lo siento. Debe usted abandonar la sala. No tiene capacidad para traducir en un juicio oral". Con estas palabras, la jueza Pilar de Luna, magistrada del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, ha obligado a marcharse a personas enviadas a traducir a sus juicios. Tantas veces ha tenido que pedir que le reemplazaran al intérprete que al final esta jueza ha optado por liderar el combate contra las deficiencias que en ocasiones se producen en el servicio de interpretación judicial. Pero no está sola. Las principales asociaciones de jueces, fiscales y abogados, así como los propios traductores judiciales, coinciden en denunciar que el servicio de interpretación simultánea presenta deficiencias por la baja cualificación del personal. "Es un problema gravísimo, que menoscaba las garantías procesales de los acusados", sentencia la jueza De Luna.

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El hecho de que en España cualquiera pueda traducir en un juicio, sin necesidad de titulación, hace que en muchas ocasiones las empresas concesionarias del servicio envíen a personas que, aunque hablan el idioma, no conocen las técnicas de interpretación. El resultado es que, aunque a muchos juicios acuden traductores muy profesionales, no es inhabitual que la persona enviada carezca de formación.

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