Las prótesis mamarias PIP llegan a juicio con 5.100 denunciantes

En cuanto hoy se abra en Marsella el macrojuicio por el fraude de las prótesis mamarias PIP, todas las miradas se fijarán sobre Jean-Claude Mas. El fabricante de los implantes defectuosos, de 73 años, es el principal de los seis acusados en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos tiempos. Además de las 5.127 denunciantes, 300.000 víctimas de 67 países estarán pendientes del hombre que, a principios de la pasada década, logró convertirse en el tercer suministrador mundial a base de reventar precios gracias a la utilización de un gel no homologado para rellenar las prótesis.

Tan colosal estafa requiere un proceso excepcional que supera la capacidad de los juzgados de la segunda ciudad de Francia. Transformado en tribunal, el Palacio de Congresos de Marsella acogerá a cerca de 300 abogados y un importante despliegue de los medios de comunicación. La fiscalía ha destinado 800.000 euros a la organización de la audiencia, que durante un mes juzgará a Mas por «fraude agravado y estafa».

La relación entre la utilización de un gel de silicona casero -hecho con aceite industrial, 10 veces más barato que el homologado- y los casos de cáncer de las mujeres con un implante PIP no se ha establecido, por lo que se desconoce el número de muertes causadas por el fraude. Según un informe sobre las extracciones realizadas, que en Francia son reembolsadas por la Seguridad Social, se han detectado 4.100 casos de ruptura de la prótesis y reacciones inflamantorias en cerca de 2.700 mujeres. Lo que está claro es que todas las afectadas han sufrido secuelas. «No todas las mujeres han sufrido efectos físicos o psicológicos importantes, pero sí están marcadas para el resto de su vida», constata Joëlle

Manighetti, que recibió uno de estos implantes tras una amputación total de pecho en el 2009.

EXPORTACIÓN MASIVA / Aunque la mayoría de las denunciantes son francesas, las prótesis se vendieron en muchos países de la UE (España, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica o Polonia), en Rusia y especialmente en Sudamérica (Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina), donde se exportó el 50% de la producción del 2009. La sociedad también tenía clientes en Irán, Turquía, Australia, Tailandia, Japón y China.

Algunos abogados lamentan que en el banquillo de los acusados no se siente también la sociedad alemana TÜV, encargada de certificar si los implantes cumplían con las normas europeas, ni los cirujanos que los utilizaron. El escándalo estalló en marzo del 2010 justamente a raíz de una inspección de la Agencia de Seguridad del Medicamento, alertada por cirujanos sobre la frecuente ruptura de las prótesis PIP.

Hacía 10 años que Mas burlaba los controles con absoluta desfachatez. Tras su detención cuando estaba a punto de huir a Sudamérica, donde se sospecha que oculta el dinero amasado, admitió que, cuando venían los inspectores, las prótesis fraudulentas eran reemplazadas por otras conformes a las normas. La máxima pena por el delito del que es acusado es de seis años de prisión.

La defensa se inquieta también por las indemnizaciones puesto que Mas -la fábrica en la que empleó hasta 200 personas quebró- es formalmente insolvente. «La Unión Europea debe crear un fondo», opina el abogado de las afectadas venezolanas, Arie Alimi, para quien Bruselas es responsable por no imponer un control más estricto. «Desde el principio se nos ha tratado con menosprecio, como descerebradas que reciben lo que merecen. Hacen falta sanciones, aunque sean simbólicas», reclama una víctima.